Comprar y vender el derecho a alquilar una vivienda turística

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MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un informe propone la creación de un mercado de derechos de arrendamiento de vivienda a corto plazo para regular los alquileres turísticos que se canalizan a través de plataformas 'online', con el objetivo de ayudar a dar respuesta a los retos y problemática que plantea el fenómeno, y haberlo compatible con el modelo urbano sostenible, que garantice los derechos de vecinos, de clientes y de propietarios.

El informe elaborado por Armando Ortuño (Universidad de Alicante) y Juan Luis Jiménez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria), y publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), analiza la oferta de alojamientos turísticos canalizada a través de plataformas de Internet para hacer compatible esta oferta "con un modelo urbano sostenible basado en la garantía de los derechos fundamentales y la mejora de la calidad de vida de los vecinos".

Este sistema, que tiene como base el estudio de Miller (2015), trataría de proporcionar a cada vivienda del municipio un derecho de alquiler a corto plazo transmisible, que permitiría al propietario disponer de un derecho de alquiler a corto plazo por un periodo de tiempo determinado.

Los autores del informe creen que este mercado de derechos evitaría la discriminación ocurrida ante moratorias aplicadas en determinadas ciudades impidiendo la entrada de nueva oferta, "lo que origina una situación monopolística", que puede derivar en un aumento de precios de alojamientos sin mejora de los servicios ofertados.

Según defienden, facilitaría la distribución de todas las viviendas, posiblemente de forma diferente en cada zona según sus características, pudiendo ser comprados o vendidos en un mercado específico, para "un mejor reparto de los beneficios de esta actividad entre todos los propietarios o residentes" e introduciendo una herramienta que permitiría a las autoridades "incidir sobre la distribución espacial de estas actividades".

CARACTERÍSTICAS DE UN DERECHO.

Las características de un derecho deberían ser distintas dependiendo del mercado turístico en cada ciudad o barrio, por ejemplo, limitando el número de personas, de días permitidos, a través de la zonificación.

Para ejercer ese derecho, los propietarios deberán pagar una tasa que dependerá de la ubicación del alquiler, duración de la estancia, precio cobrado, o número de visitantes, entre otros aspectos.

"Obviamente, la recaudación de la tasa debería permitir que se compensasen las externalidades negativas gracias a las nuevas tasas recaudadas, ingresos que reinvertirían en los barrios donde se generan esas externalidades", explica el informe.

Una vez establecido este mercado de derechos, el ayuntamiento podría utilizarlo como una herramienta de desarrollo económico y cohesión social, con asignaciones de más derechos a unos barrios frente a otros en función de las temporadas del año, o del interés de revitalizar determinados barrios.

Según el informe este mercado está basado en el concepto de las TDR (transferencias de derechos de aprovechamiento) aplicado en Estados Unidos, que guarda bastante similitud con el concepto de las TAU (transferencias de aprovechamiento urbanístico) propio del sistema urbanístico español.

En su opinión con la aplicación de este sistema, España sería pionera y la situaría en la vanguardia de la regulación económico-jurídica del fenómeno, "lo cual debería ser perfectamente predicable para un país potencia turística mundial".

COMPETENCIAS DE LAS CC.AA.

En España, la regulación de los arrendamientos turísticos recae sobre las comunidades autónomas y ayuntamientos y no existe una mínima base común en el ámbito estatal desde 2013, "dos años antes de que el incremento de la oferta convirtiera este fenómeno en un verdadero disruptor", apuntan los autores del informe.

Por ello, consideran que el Estado podría establecer las bases de la regulación de las viviendas turísticas "sin perjuicio de la necesaria complementariedad de las políticas en urbanismo, vivienda y turísticas propias de las CC.AA. y Ayuntamientos atendiendo a la singularidad de los diferentes municipios, modelos de desarrollo urbano y su problemática asociada".

Para finalizar, de cara el futuro, el informe alerta que el desarrollo del 'Blockchain' podría convertir en innecesarias a estas plataformas colaborativas en su modalidad de intermediarios, "pues permitirían la puesta en contacto del ofertante y demandante sin necesidad de intermediación". Sin embargo, seguirían siendo necesarias políticas públicas para abordar los impactos de esta actividad.