El Icab ve imprescindible implicar más a los juristas para reforzar el sector turístico

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), Eudald Vendrell, ha considerado imprescindible una mayor implicación de los juristas en el turismo para facilitar el intercambio de las culturas jurídicas de todo el mundo y precisar las normas de los campos del derecho que afectan al sector.

Lo ha dicho este viernes al inaugurar el II Congreso Internacional Turismo & Derecho del Icab, que hasta el sábado centrará su debate en el marco jurídico de los alojamientos turísticos --la primera edición se dedicó en general al impacto del sector turístico en la ley--.

También ha intervenido en la inauguración la segunda teniente alcalde de Barcelona, Sònia Recasens, que ha considerado imprescindible la implicación de los juristas en el turismo, y ha añadido que el sector "no tendrá la suficiente calidad si no tiene una regulación jurídica clara compatible con una simplificación administrativa, también muy necesaria".

Para Sònia Recasens, hace falta un marco jurídico para regular, por ejemplo, los apartamentos turísticos, con el fin de evitar ilegalides que, además, perjudican al resto del sector.

Este será precisamente uno de los temas a debate en el congreso, ha explicado la vicepresidenta del Grupo Asesor en Relaciones Internacionales el Icab, Blanca Padrós, y también se hablará del derecho del consumo, de las responsabilidades civiles y penales de los profesionales y clientes, y de la tasa turística.

TASA JUDICIAL.

El vicedecano del Icab no ha querido acabar su discurso sin dejar constancia del agravio que supondrá la ley de tasas que se ha aprobado esta semana en el Congreso y que, según afirma, "supone un agravio para la abogacía y la sociedad".

El decano, Pedro Yúfera, ya dijo este lunes, en una concentración silenciosa del Icab en contra de esa ley, que la clase media catalana deberá pagar "una barbaridad" para empezar un procedimiento judicial, y que para emprender un recurso de apelación habrá que pagar casi 1.000 euros de tasas, cuando los informes del Consejo General del Poder Judicial indican que se revocan un 42% de las peticiones.