La Asociación de Víctimas de Spanair entregará firmas al PSOE para pedir su voto a favor del dictamen de la Comisión

Archivo - Acto celebrado junto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por el aniversario del accidente aéreo de Spanair del que este miércoles se cumplen 12 años, a 20 de agosto de 2020.
Archivo - Acto celebrado junto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por el aniversario del accidente aéreo de Spanair del que este miércoles se cumplen 12 años, a 20 de agosto de 2020. - AFP7 / Oscar J. Barroso - Archivo
Publicado: miércoles, 12 mayo 2021 8:59

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair acudirá este miércoles al Congreso de los Diputados a entregar las más de 20.000 firmas que han recogido hasta el momento para pedir al Grupo Parlamentario Socialista (GPS) su voto a favor del dictamen de conclusiones que se aprobó el pasado 22 de abril en la Comisión de Investigación y que será elevado a Pleno del Congreso este jueves.

Las firmas han sido recogidas a lo largo de las últimas 24 horas en una campaña lanzada en la plataforma Change.org por la propia asociación, que se creó por algunos de las familiares de las víctimas en días posteriores a la tragedia.

"La desgracia quiso que esta catástrofe se produjera con un Gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pero eso no es motivo para que su partido insista en negar la realidad que se ha demostrado en los trabajos de la Comisión de Investigación de la Tragedia del JK5022 en el Congreso de los Diputados, creada para que se corrigieran las causas que provocaron esta catástrofe aérea", explica la asociación en el texto de la campaña.

Por todo ello, registrará las firmas en el Congreso, antes de que el dictamen se eleve al Pleno. "Queremos pedirle al PSOE que vote a favor del dictamen de conclusiones de la Comisión de Investigación o, al menos, que se abstenga", explican desde la asociación.

EL DICTAMEN RESPONSABILIZA A AUTORIDADES

La Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre el accidente del vuelo JK5022 de Spanair aprobó el pasado 22 de abril un dictamen en el que se responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez.

El dictamen recoge que el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjo una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente" en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.

En dicha comisión, aprobada el 6 de febrero de 2018 por el Pleno del Congreso de los Diputados, han comparecido un total de 48 personas y se ha analizado documentación tanto pública como privada.

El dictamen recoge que el fallo sistémico que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados del comprobar el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios del Estado y establece un listado de cargos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Aena y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).

Entre ellos se encuentra el entonces secretario general de Transportes y secretario de Estado, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; el jefe de Gabinete de la ministra Álvarez, Antonio Fernández; y Manuel Azuaga, presidente de Aena entre 2004 y 2008.

El dictamen añade que, "más allá de las responsabilidades civiles, penales o morales", en una democracia "debe plantearse con normalidad la responsabilidad política en un sentido fuerte, aquella en la que los gobernantes deben responder por todo aquello que tiene que ver con lo que efectivamente gobiernan"

Por ello, el GPS ha decidido emitir su voto particular en contra del dictamen al considerar que tanto la conclusión X, que establece estas responsabilidades, como la novena recomendación, --sobre las que solicitó informe al letrado-- suponen una "grave vulneración de la ley" y pueden ser contrarias al derecho.

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