MADRID, 4 (EUROPA PRES
La propuesta de Aena sobre la rebaja de alquiler a la hostelería y comercios trata de equilibrar el impacto de la crisis tanto para el gestor aeroportuario como para los arrendatarios, ya que ambas partes se han visto afectadas por la pandemia, que ha desplomado la actividad de los aeropuertos, según han señalado fuentes de Aena a Europa Press.
Desde la compañía resaltan que se ha establecido un marco general para todos los operadores comerciales, usando como criterio el Real Decreto del 22 de diciembre de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, para favorecer el restablecimiento de la actividad comercial y "minimizar el impacto" producido tanto en la empresa como en sus arrendatarios.
Por tanto, la intención de Aena es ajustar los contratos a la situación las dos partes de forma "equilibrada". En concreto, destacan que Aena es una compañía "autofinanciada", que "no depende de inversión pública ni se mantiene ni sufraga con impuestos", sino que tiene sus propios ingresos, afectados por la caída del 70% del tráfico el pasado año.
La propuesta de Aena a los arrendatarios de locales comerciales supone un 50% de rebaja en el alquiler hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma, es decir, hasta el 9 de septiembre. Dicha propuesta ha sido aceptada por el 40% de los arrendatarios y rechazada por el 51%, mientas que el 9% restante dispone de un plazo mayor al fijado, que era hasta el 2 de febrero, por desfase en las comunicaciones.
La compañía mantiene que su intención es continuar con la actividad y el servicio que se presta, y remarca que ha puesto sobre la mesa otras ayudas para la viabilidad de los negocios, como ampliar plazos, facilitar cambios de marcas, posponer inversiones o facilidades de pago.
Por tanto, reitera su "buena fe y voluntad", y su interés de defender, como empresa con un 51% de propiedad pública pero sin financiación del Estado, los intereses de sus accionistas y trabajadores.
Este mismo jueves, CCOO y UGT han catalogado esta propuesta de "ultimátum" a las empresas hosteleras y comerciales y han indicado que "pone en riesgo miles de empleos y supondría la insolvencia y entrada en concurso de acreedores de muchas de estas empresas".
