MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cancelar la campaña de publicidad de la oferta pública de venta (OPV) de Aena por el retraso en su salida a Bolsa costó 22.603 euros, si bien la decisión no conllevó un incremento del gasto previsto porque la cantidad se detrajo del precio del contrato.
Así lo explica el Gobierno en respuesta al portavoz socialista de Fomento en el Congreso, Juan Luis Gordo, quien recuerda que en octubre se puso en marcha una campaña de comunicación publicitaria para recavar el apoyo de minoristas que quieran invertir en la compañía.
Sin embargo, esta campaña, "inicialmente prevista hasta el 7 de noviembre, tiene que ser suspendida como consecuencia de la decisión de paralizar la privatización", dado que el Ministerio de Economía insiste en convocar un concurso para elegir a la firma encargada de elaborar la carta de conformidad que acompaña a la documentación de dicha OPV.
Según explica el Ejecutivo en respuesta al diputado del PSOE, y recoge Europa Press, los gastos de cancelación de la campaña contratada con Media Planning Group ascendieron a 22.603 euros, si bien "no supusieron un incremento sobre el coste previsto y adjudicado inicialmente puesto que se detrajeron de las actuaciones" incluidas en el contrato.
CONSEJEROS DOMINICALES.
En otra pregunta parlamentaria, Gordo recuerda que antes de decidirse retrasar la salida a Bolsa --que finalmente tuvo lugar en febrero--, el Ministerio de Fomento anunció una primera reunión del nuevo consejo de administración de Aena, con la incorporación de los consejeros dominicales en representación de las tres empresas que debían conformar los inversores de referencia: Corporación Financiera Alba, FAERO y Fondo TCI.
Sin embargo, una semana después de convocarse esa primera reunión se anunció el retraso de la salida a Bolsa, por lo que el portavoz socialista preguntaba si dichos consejeros habían tomado posesión del cargo y si habían participado en alguna decisión relacionada con la OPV.
"Los consejeros dominicales en representación de los inversores de referencia no han participado en la toma de decisiones relacionadas con la operación pública de venta", asegura el Ejecutivo en su respuesta.
NO HAY RIESGO PARA NINGÚN AEROPUERTO.
El Gobierno también responde a toda una batería de preguntas que Juan Luis Gordo registró en relación con cada uno de los aeropuertos de la red Aena, preocupado por la posibilidad de que los menos rentables puedan ser cerrados a resultas de la nueva composición accionarial del gestor aeroportuario.
En este sentido, la respuesta parlamentaria afirma que "en la actualidad no se prevé ningún riesgo de desintegración de la red aeroportuaria ni la desaparición de ninguno de los aeropuertos que la componen", y recuerda que la normativa vigente prohíbe expresamente el cierre o enajenación de cualquiera de estas infraestructuras sin autorización expresa del Consejo de Ministros o de Fomento, según el caso.
Además, el Ejecutivo aprovecha para recordar que seguir adelante con el plan del PSOE de dejar en manos privadas la gestión de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat sí habría supuesto "la desintegración de la red aeroportuaria estatal" y la "destrucción de una de las principales fortalezas" de Aena, como es "la gestión en su conjunto de la red".
"La presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red, se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en la empresa y se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía", añade el Gobierno, que garantiza por último que la entrada de capital privado en Aena "no afectará a las actuales condiciones laborales de sus trabajadores ya que se mantiene la vigencia del actual convenio colectivo".
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