BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Presidencia de Barcelona ha aprobado este miércoles una propuesta de ERC para instar al Gobierno centra a garantizar el bueno funcionamiento del Puerto de Barcelona y asegurar los derechos laborales de sus trabajadores, incluidos los de los estibadores.
Los votos a favor de todos los grupos excepto la abstención del PP han aprobado la propuesta en la comisión, a la que han asistido estibadores, y el líder municipal de ERC, Alfred Bosch, ha criticado que el Gobierno central "parece que quiera crear un conflicto laboral en el Puerto de Barcelona".
La reforma del sector, que el Ministerio de Fomento ultima para cumplir con la normativa comunitaria y evitar una eventual sanción de la UE, supone la liberalización de la contratación de estibadores, y el Ministerio prevé un plazo de tres años para que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores.
"No queremos que se precarice el Puerto de Barcelona aprovechando una sentencia europea", ha aseverado Bosch, quien ha exigido al Gobierno central no poner trabas al buen funcionamiento de la infraestructura y le ha exigido que facilite el acuerdo, porque lo tenían al alcance, pero el ejecutivo optó por hacer de pirómano, en sus palabras.
La concejal Gala Pin ha defendido que el trabajo de los estibadores forma parte del buen funcionamiento del Puerto, infraestructura vital para Barcelona y Cataluña, y la edil socialista Carmen Andés ---en el Gobierno municipal desde la entrada del PSC--- ha compartido la preocupación de los estibadores de que el decreto "para adaptar la normativa a la sentencia europea lleve a la desregularización total del sector".
La edil de CiU Sònia Recasens ha exigido que la liberalización debe ser "gradual y negociada, y debe garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y la calidad del servicio", mientras que Santiago Alonso (Cs) ha exigido al Gobierno central un verdadero proceso de negociación y diálogo.
Josep Garganté (CUP) ha criticado que el Gobierno central habla de negociación cuando actúa desde la represión, algo que ha negado la popular Àngels Esteller, quien ha defendido que el Ministerio de Fomento acumula un año de negociaciones sobre el asunto, que no actúa por capricho y que "nadie quiere fastidiar".
El representante de los estibadores Albert Gil ha exigido en declaraciones a los medios que el Gobierno central recapacite y no presente el decreto: "Nos ayudaría a retirar el preaviso de huelga si son capaces de dialogar. Sería un bien tanto para Barcelona como Catalunya y el resto de España".
CONTRATOS PÚBLICOS
La comisión también ha aprobado una propuesta de Cs para elaborar un protocolo que evite contratos públicos con empresas y Utes investigadas o condenadas por corrupción, propuesta que ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales excepto la CUP, que se ha abstenido.
Ha rechazado una proposición del PP para firmar con la Generalitat un nuevo convenio marco de coordinación policial y seguridad pública, ante lo que han votado a favor Cs y PP; en contra BComú, ERC, PSC y la CUP, y CiU se ha abstenido.
Tampoco ha prosperado una propuesta de la CUP para que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) haga pública información del personal fuera de convenio, algo que han rechazado BComú, CiU, PSC y PP y que ha contado con la abstención de ERC y Cs.
Andalucía
