MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) - El Gobierno lanzará tras el verano un Plan de Inversión Extraordinaria en Carreteras con obras de construcción y mantenimiento sobre unos 2.000 kilómetros de autovías con una inversión de 5.000 millones de euros que adelantará la iniciativa privada. El objetivo del plan es reactivar la obra pública, actualmente en mínimos históricos, introduciendo un nuevo sistema de financiación para no afectar así al déficit público. Además, pretende que el sector de la construcción se incorpore y contribuya a la recuperación económica y la generación de empleo. En este sentido, se estima que el plan suponga la creación de hasta 189.200 puestos de trabajo. En concreto, en virtud del plan, el Ministerio de Fomento acometerá durante cuatro años (2017-2021) una veintena de "proyectos de gran envergadura" en autovías, que supondrán actuar en un total de 2.000 kilómetros. Se trata de una longitud equivalente al 12% de la actual red (unos 16.281 kilómetros). Los proyectos concretos se definirán próximamente, si bien supondrán completar trazados de vías transeuropeas, trabajos de ampliación y mejora de otras vías y suprimir 'cuellos de botella' que presenta la red. También incluirá mejoras en las denominadas autovías de primera generación, las más antiguas. Estas obras se adjudicarán a empresas a través de contratos que abarcarán la construcción de la infraestructura y su posterior mantenimiento durante treinta años. En virtud de estos contratos, las constructoras tendrán que adelantar el importe necesario para acometer las obras. En concreto, deberán aportar recursos propios para cubrir un 20% de la inversión y financiar el 80% restante. En este caso, está previsto que el BEI contribuya con hasta un 40% del importe y lograr también fondos europeos del Plan Juncker. Las empresas recuperarán esta inversión una vez acaben las obras y pongan la autovía en explotación. A partir de ese momento, recibirán un pago o canon anual del Estado durante los treinta años en los que se encargarán del mantenimiento de las vías que, de esta forma, quedan libres de peaje para los usuarios finales. El Gobierno asegura que este tipo de contrato de colaboración con la iniciativa privada, denominado de 'pago por disponibilidad', es el que más utilizando actualmente y de forma satisfactoria otros países europeos para acometer obras sin comprometer el presupuesto público. Además, incluye medidas para evitar problemas como los registrados en otras infraestructuras construidas en años anteriores con capital privado, como es el de las autopistas de peaje actualmente en quiebra. Así, el contrato no se vincula al tráfico que tenga la carretera, uno de los principales factores de la quiebra de las autopistas fallidas, dado que la constructora no recuperará la inversión cobrando un peaje sino una aportación del Estado. Asimismo, traslada todos los riesgos del proyecto (desde su financiación hasta los posibles sobrecostes) a las empresas. Además, las obras que se incluyan en el plan pasarán un examen de viabilidad económica y medioambiental, y el pago de la Administración estará condicionado a que la vía presente un correcto grado de mantenimiento, que se medirá "mensualmente por unos concretos y estrictos parámetros". Se estima que este pago supondrá a las arcas públicas unos 350 millones de euros al año una vez que en el horizonte de 2020 se vayan poniendo en servicio las autovías que se construyan al amparo plan. Se trata de un importe equivalente al 20% del Presupuesto anual de carreteras del Ministerio de Fomento. El Plan de Inversión en Carreteras (PIC) es el primero en colaboración con la iniciativa privada que se pone en marcha en España desde hace más de una década, desde que el último Gobierno de José María Aznar construyó las últimas autopistas de peaje. El segundo Ejecutivo del PSOE lanzó un proyecto de este tipo, pero apenas se puso en marcha. Se trata de un plan en el que el Gobierno lleva trabajando varios meses y que, según el sector, es el primer eslabón de un programa más amplio, que tendrá su continuación con planes específicos para el AVE y las infraestructuras de agua. Se ha comenzado por las carreteras dado que ha sido la partida más perjudicada por los ajustes de los últimos años. La importancia que el Gobierno da al plan se evidenció por el hecho de que fue presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un acto en La Moncloa al que acudieron las principales patronales y empresarios del sector, que llevan varios años reclamando la recuperación de la inversión en obra pública en España, en mínimos históricos desde el inicio de la crisis. "España ha superado una gran crisis que obligó a ajustar las inversiones, pero ahora que ya está a la cabeza del crecimiento en la UE y a punto de superar el procedimiento por déficit excesivo, está preparada para dar un impulso a la inversión en infraestructuras, un sector que aún no se ha sumado al crecimiento y la generación de empleo", aseguró Rajoy. En este sentido, apuntó que, según los cálculos de expertos, el plan permitirá creará un total de 189.200 empleos, unos 150.000 puestos de trabajo (entre directos, indirectos e inducidos) durante la fase de construcción, y otros 39.200 más durante el posterior mantenimiento. Además, generará un retorno fiscal de 3.000 millones. Se trata de dos de los "muchos beneficios" adicionales que, según destacó el jefe del Ejecutivo, tendrá el plan, junto a "la mejora de la movilidad y la seguridad vial, la reducción de los accidentes de tráfico y de las emisiones, la optimización de la cohesión territorial y, en definitiva, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos". Todos ellos se suman al objetivo prioritario de reactivar la obra pública y mejorar las infraestructuras, sobre todo las viarias, dado que soportan el 90% del tráfico total de viajeros y mercancías del país. "Tenemos unas magníficas infraestructuras y queremos seguir mejorándolas, implicando en ello a la iniciativa privada, mirando a Europa y manteniendo el compromiso con el objetivo de déficit", sintetizó Rajoy ante un auditorio entre el que se distinguían empresarios como el presidente de ACS, Florentino Pérez, y la presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, y los consejeros delegados de Ferrovial y OHL, Íñigo Meirás y Tomás García Madrid, respectivamente. También acudieron las patronales del ramo Seopan, Anci y CNC.
