MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga y las acusaciones particulares en el caso del entrenador de fútbol de categorías inferiores, acusado de mantener contactos sexuales y conversaciones de esta índole con unos 25 menores a los que entrenaba, han solicitado este lunes que el procesado siga en prisión; mientras que la defensa ha pedido que no se prorrogue esta situación de privación de libertad.
En la vista, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga debido al próximo cumplimiento de dos años de prisión provisional y en la que ha estado presente el procesado, las acusaciones han instado a que se prorrogue la situación actual de privación de libertad de este procesado, de 45 años y que será juzgado por estos hechos en enero de 2019 por esta misma sala.
Así, estas partes han argumentado que hay que tener en cuenta la "elevada" pena que pide el fiscal para este hombre, 100 años de cárcel, y también la importancia de los delitos de los que se acusa a este entrenador, que son los de abuso sexual sobre menor, exhibicionismo y provocación sexual, embaucamiento sexual en concurso con pornografía y corrupción de menores.
Asimismo, han apuntado a la reiteración delictiva, al ser hechos que "supuestamente se realizan desde 2012 y que dejan de cometerse cuando se procede a la detención del hombre", ha dicho la abogada de una de las víctimas, Ana Avellaneda, quien ha indicado que otro elemento es el "elevado" número de víctimas, señalando que a los 25 menores hay que sumar tres más a los que no entrenaba.
Pero, sobre todo, las acusaciones entienden que hay que prorrogar la situación de prisión del acusado por las características de las víctimas y "su especial vulnerabilidad, al ser menores; así como la especial protección que deben tener", ha manifestado a los periodistas la abogada.
Ha señalado que también hay que tener en cuenta el modus operandi y que "si se le pone en libertad se podría poner en riesgo a otras personas e incluso a las propias víctimas". Ha rechazado, igualmente, el argumento de que el procesado tenga arraigo y ha destacado el trabajo realizado por los investigadores.
Por su parte, el letrado Agustín Martínez, conocido por llevar a los acusados de 'La manada' y que acaba de hacerse cargo de la defensa de este acusado, se ha opuesto a la prórroga de prisión, al entender que no existe posibilidad de riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, "teniendo en cuenta que no hay antecedentes"; además de tener arraigo familiar.
El abogado ha incidido en que su cliente no tiene contacto con las víctimas "ni lo va a tener", apuntando que el argumento de la próxima celebración de la vista "no es suficiente para que una persona esté privada de libertad ni un sólo minuto". "Solo cabe la puesta en libertad y la celebración del juicio para atemperar si los gravísimos hechos denunciados son ciertos o no", ha dicho.
"Entendemos que en este país desgraciadamente los tribunales están abusando en extremo de lo que es la figura de la prisión provisional, prácticamente como consideración de una pena anticipada", ha afirmado, apuntando que es algo que "está expresamente proscrito por el Tribunal Constitucional". Ha mostrado su sorpresa por "lo escueto de las resoluciones que han permitido la prisión provisional".
El letrado ha indicado que su cliente en ningún caso ha reconocido los hechos "y entendemos, del breve estudio que hemos realizado del caso, que los hechos son complejos que se vayan a poder acreditar", considerando que "ha habido en este asunto una actitud demasiado prospectiva por parte de las fuerzas de orden público y en el juicio quedará perfectamente probada su inocencia".
ACUSACIÓN FISCAL
La Fiscalía solicita inicialmente 100 años y siete meses de prisión para este entrenador de fútbol, en prisión desde diciembre de 2016, al acusarlo de tres delitos de abuso sexual sobre menor con prevalimiento, de 20 de exhibicionismo y provocación sexual, 17 de embaucamiento sexual en concurso con pornografía infantil, dos de acoso sexual y diez de corrupción de menores, algunos en grado de tentativa.
La acusación pública solicita que se le prohíba acercarse o comunicar con las víctimas durante un plazo máximo de diez años y que se le impongan diez años de libertad vigilada, a cumplir una vez termine la pena de prisión que se le impusiera; además de la inhabilitación especial durante 25 años para cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad.
Asimismo, se insta a que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual cada dos años y a que se le prohíba acudir a acontecimientos deportivos o culturales cuando haya menores; apuntando que el máximo de condena será de 20 años y que los beneficios penitenciarios se concedan según la totalidad de la pena que se imponga en la sentencia.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, en el caso de la mayoría de las víctimas, con edades entre once y 16 años en ese momento, el acusado, aprovechando que era su entrenador en categorías inferiores, mantuvo con éstos conversaciones de índole sexual por mensaje, además de que supuestamente les enviaba imágenes de carácter pornográfico. Aunque se sentían "incómodos" y "presionados" con esto, accedían para "no provocar el enfado del procesado".
En el caso de una de las víctimas, de 12 años, los presuntos abusos comenzaron en 2012, realizándole tocamientos y mostrándole vídeos con escenas de pornografía entre adultos cuando iban de viaje con motivo de un partido, aunque en 2016 supuestamente mantuvieron otro contacto y, además, le mandó en varias ocasiones mensajes con imágenes sexuales.
Para el ministerio público, supuestamente estas conductas fueron llevadas a cabo por el procesado "prevaliéndose de su condición de entrenador, haciendo creer al menor que si accedía a sus pretensiones podría jugar en los partidos y ser promocionado en el fútbol".
Asimismo, supuestamente les pedía que le enviaran imágenes de sus cuerpos, "bajo promesa de hacerles capitanes de los equipos" o tener un trato preferente con ellos. Para esta acusación, el procesado hacía esto en ocasiones presuntamente aprovechando que los menores estaban en una residencia deportiva y sus padres se encontraban en otras localidades.
