Tribunales.- Un informe declara ilegal el acuerdo para el PAU de Carranque (Toledo) por el que se imputó al alcalde

Actualizado: viernes, 28 noviembre 2008 17:30

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un informe del secretario del Ayuntamiento de Carranque (Toledo), Juan Francisco Bravo, declara ilegal y "nulo de pleno derecho" el acuerdo plenario que dio apoyo al Plan de Actuación Urbanística (PAU) que incluía la construcción de 1.680 viviendas en la localidad toledana de Carranque, por el que el que el alcalde de este municipio, Alejandro Pompa Mingo, se encuentra imputado por un presunto delito de prevaricación.

Se trata de uno de los tres informes que la Secretaría del Ayuntamiento ha remitido en contestación al requerimiento del Juzgado de Instrucción Número 4 de Illescas (Toledo) que instruye este caso y están firmados por el Secretario del Ayuntamiento, precisamente también imputado en el caso, por el que declaró el pasado 11 de noviembre junto con un funcionario del Consistorio.

En este documento, que tiene fecha de entrada en el Ayuntamiento de 9 de diciembre de 2004, y al que ha tenido acceso Europa Press, el secretario reconoce que analizada la documentación aportada por la entidad promotora del PAU, resulta que "no se adecua a la legislación aplicable".

Entre los primeros motivos que aparecen en el informe, argumenta que la propuesta de desarrollo urbanística referida que se extiende sobre suelo rústico de reserva a reclasificar como urbanizable para construir 1.680 viviendas, no comprende "una ordenación que permita la integración futura en la trama urbana existente en la que propone el Ayuntamiento con motivo de la próxima redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM), ya que la ubicación prevista de dichas viviendas las dispersa por toda la superficie de actuación".

Asimismo, establece que dicha actuación no responde a "criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana aledaña", y recuerda que las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico no permiten los usos residenciales en suelo rústico de reserva no urbanizable, por entenderlos "incompatibles".

A este respecto, el secretario del Ayuntamiento dice que es necesario tener en cuenta que la entidad promotora de la actuación "no aporta justificación de solvencia económica ninguna", y que el apoyo a este proyecto y la respuesta a la consulta previa que se formuló al pleno municipal "es más de lo que la legislación vigente considera como tal". "En consecuencia resulta más relevante la falta de los informes técnicos y jurídicos preceptivos en el expediente, así como la precipitación con la que se pretende contestar", añade.

Por todo ello, el informe concluye afirmando que el proyecto de acuerdo plenario formulado por el Grupo de Gobierno en los términos descritos es "ilegal y nulo de pleno de derecho, pudiendo generar perjuicios tanto para los intereses generales como para los propietarios de suelo afectados".

El alcalde de Carranque declaró el pasado día 14 de octubre en el Juzgado de Illescas por la denuncia de prevaricación interpuesta por el sindicato de funcionarios 'Manos Limpias', que incluye también al aparejador del Ayuntamiento, Jesús María Gallego; al secretario-interventor del mismo, Juan Francisco Bravo, y a la tercera teniente de alcalde, María José Martínez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos y prevaricación.

Ese día, el primer edil dijo confiar en que la querella se archive, aseguró estar tranquilo y añadió que el proceso corresponde a la legalidad, ya que no es al Ayuntamiento a quien le corresponde aprobar el PAU, sino a la comisión Provincial de Urbanismo. Por su parte, Bravo y el funcionario del Consistorio Ernesto Rodríguez Cubas comparecieron el pasado 11 de noviembre como imputados.