BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El grupo promotor de la ILP contra los desahucios y la pobreza energética --la PAH, Observatorio Desc y APE-- y representantes de los 12 municipios de mayor población y entidades municipalistas han consensuado acciones para contrarrestar la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de artículos de la ley 24/2015 aprobada en el Parlament referentes a vivienda.
En declaraciones a los periodistas tras la reunión, el portavoz de la PAH, Carlos Macias, ha explicado que entre las medidas consensuadas figura aplicar las medidas sancionadoras a la banca por disponer de pisos vacíos que recoge la ley de vivienda catalana de 2007, para lo que ven necesario también desplegar un reglamento.
Asimismo, también han consensuado que los municipios desarrollen un registro de pisos vacíos susceptible de alquiler social, para el cual definirán una metodología, y la petición a la Generalitat de abrir una convocatoria permanente de ayudas al pago del alquiler.
Ha asegurado que, desde la suspensión de los artículos de la ley, los ayuntamientos han constatado que ha habido "un cambio de actitud en la banca y no hace alquiler social", por lo que ha instado a la Generalitat a tener una reunión con los bancos.
La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon (PSC), ha señalado que esta semana, después de la suspensión de artículos de la ley, han tenido conocimiento de desahucios de pisos que pertenecen a bancos, y ha pedido garantizar el cumplimiento de la vertiente de pobreza energética.
Macias ha asegurado que la reunión ha servido para pasar "de las palabras a las acciones concretas" y como continuación de la reunión que las entidades tuvieron con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Sobre la nueva ley que quiere impulsar la Generalitat, ha dicho que tiene que ser una "ley útil", y definir con concreción por ejemplo la figura de gran tenedor de pisos.
POBREZA ENERGÉTICA
En materia de pobreza energética, aspecto no suspendido por el TC, la portavoz de APE, Maria Campuzano, ha dudado que las suministradoras tengan intención de cumplir la ley, y ha pedido a la Generalitat a que realice "una inspección de oficio" para comprobar si la cumplen.
Asimismo, ha solicitado a la Generalitat una reunión con ayuntamientos, empresas de distribución y la comisión de la ILP para que las suministradoras cumplan la ley y firmen los convenios, y ha recordado que la mesa de la pobreza energética no se reúne desde finales de 2014.
En este sentido, la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret (PSC), también ha solicitado una reunión con las suministradoras para "explorar" cuál tiene que ser su rol en la cobertura de las necesidades.
La directora del Observatori Desc, Irene Escorihuela, ha calificado de muy positiva la reunión con los ayuntamientos, y se han emplazado a dentro de un mes a un nuevo encuentro.
