Acogen denuncia que el 25% de las plantas están paradas y pide a Soria "sensibilidad industrial" para impedir nuevos cierres y despidos
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los cogeneradores acumulan un recorte en su retribución de 1.076 millones de euros anuales, o del 34% del total, como consecuencia de las distintas medidas del Gobierno, incluido el último "sartenazo", consistente en el nuevo mecanismo de retribución conforme a unos estándares determinados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Estas cifras han sido ofrecidas a Europa Press por el presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), José Manuel Collados, y su director general, Javier Rodríguez, quienes aseguran que la oficina de la asociación se encuentra estos días "colapsada" por las llamadas telefónicas en las que "los consejeros delegados y directores financieros" de las empresas "intentan entender por qué se pega este mazazo a la industria".
Acogen calcula que los nuevos impuestos a la producción eléctrica ya les rebajaron en 220 millones la retribución anual, a lo que se suman 140 millones por el impuesto al gas y otros 50 millones por los derechos de emisión que ahora deben pagar.
Si estos recortes suponían una reducción del 8% en la retribución, la propuesta de orden ministerial con los nuevos parámetros retributivos implica una minoración adicional de 567 millones por la menor facturación y de 203 millones por las limitaciones horarias.
"La nueva orden ministerial es demoledora" y "ya estamos viendo que las plantas tienen Ebitda negativo, así que no nos queda más remedio que cerrar. No sé si el Ministerio de Industria es consciente de lo que esto supone de pérdida de competitividad y de si tiene sensibilidad con la industria", afirmó Collados.
La potencia de cogeneración en funcionamiento es ahora 1.500 megavatios (MW) inferior al nivel habitual, después de que en lo que va de febrero se hayan retirado otros 700 MW. En total, Acogen calcula que el 25% del parque cogenerador, que incluye 978 instalaciones, ya está cerrado.
Collados dio por hecho que, si el borrador de orden ministerial se mantiene en su enunciado actual, "habrá una catástrofe en seis meses" que puede obligar a nuevos cierres y a la consecuente pérdida de empleo en la industria, que ve cómo el coste de la electricidad daña su competitividad relativa con respecto a otros países de Europa.
ALEGACIONES AL BORRADOR DE ORDEN MINISTERIAL.
Las alegaciones de Acogen ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de esta norma parten del principio de que "los números de Industria tienen que estar mal hechos si es que el Gobierno quiere defender a la industria", explicó Rodríguez.
Entre las alegaciones, figura la previsión de un precio medio del 'pool' de 48 euros por megavatio hora (MWh) que puede verse sometido a volatilidad y que implica de por sí una retribución más baja para la cogeneración, así como la falta de reconocimiento retributivo para todas las horas con actividad cogeneradora o la "incertidumbre" añadida acerca de la forma en que se calcula y actualiza el precio del combustible.
"Lo que pedimos es sentido común", señaló Rodríguez, antes de considerar adecuado que Industria reconozca en el caso de la cogeneración no solo el coste de la inversión eléctrica, sino el de otros componentes asociados. "La ley habla de instalaciones eficientes y bien gestionadas, y nosotros somos una actividad de alta eficiencia", aseguró.
PROBLEMA OPERATIVO.
Acogen advierte de que la orden ministerial provocará un resultado negativo en las plantas, que se verán abocadas a cerrar porque, a diferencia de otras instalaciones como las renovables con costes nulos de operación, la cogeneración tiene el coste operativo del gas. "En nuestro caso no es un problema financiero, sino un problema operativo que afecta al mantenimiento de la propia actividad", advirtió Rodríguez.
Sobre la posibilidad de desarrollar un 'plan renove' de cogeneración incluida en la nueva Ley del Sector Eléctrico, el director general de la asociación se preguntó "quién se renueva en un cementerio" y consideró que su aplicación será difícil cuando, en paralelo, se lanza una norma que "quiebra la confianza" de los inversores.
