Escal paga a los acreedores de Castor y amortiza los bonos con los que se financió el proyecto

Plataforma Castor
ESCAL
Actualizado 04/12/2014 11:45:12 CET

Las entidades reciben 1.410 millones, de los que ACS asume el pago de 61 millones

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sociedad promotora del almacenamiento subterráneo de Castor, Escal, ha abonado esta semana a los acreedores tanto el principal como los intereses de los bonos que se emitieron para financiar la construcción de la instalación, con lo que queda completamente saldada esta deuda.

Estos bonos son los emitidos por la sociedad Watercraft Capital, cuya amortización ha tenido un coste total de 1.410 millones de euros, frente a los 1.350 millones de la indemnización recibida por Escal. Los 61 millones de diferencia han quedado cubiertos por ACS, accionista de la sociedad promotora, explica Fitch en una nota.

El real decreto ley 13/2014, aprobado en octubre por el Gobierno, establecía que el gestor del sistema gasista, Enagás, debía asumir la gestión de la hibernación de Castor e indemnizar a Escal, que había ejercido su derecho a la reversión al Estado de este activo.

Enagás cedió a su vez a un sindicato de bancos los derechos de cobro de esta retribución anual a cambio de que estas entidades asumiesen el coste de indemnizar a Escal, como así hicieron a mediados de noviembre, antes de que expirase el periodo de 35 días hábiles contemplados en el real decreto ley.

El importe de la compensación será sufragada durante treinta años por la tarifa de gas a partir de enero de 2016, a un tipo de interés del 4,2%. La instalación permanecerá hibernada, dados los seísmos detectados en la zona tras el inicio de la inyección de gas.

Los bonos de Watercraft Capital fueron los primeros en quedar respaldados por el Banco Europeo de Inversión (BEI) como parte de una inicitativa para estimular la financiación de infraestructuras.

El Gobierno, que intentó a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo de 2008 que concedía a Escal UGS el derecho a esta indemnización, sostiene que este coste de 100 millones anuales por una instalación que quedará hibernada será, al menos, inferior a los 210 millones previstos inicialmente, con el complejo en operación.

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