OCU pide más protección en el bono social para los consumidores vulnerables en el nuevo real decreto

 

OCU pide más protección en el bono social para los consumidores vulnerables en el nuevo real decreto

Publicado 18/04/2017 12:52:07CET

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confía en que la nueva legislación del bono social eléctrico "mejore la protección" de aquellos consumidores más vulnerables y que también "agilice y simplifique" los trámites para poder acogerse a él.

En un comunicado, la asociación pide "la colaboración" de las compañías comercializadoras para evitar situaciones de desamparo, "facilitando proactivamente" el ofrecer el bono social a las familias más desfavorecidas y mejorando la comunicación con la Administración para evitar cortes de suministro.

Para OCU, el bono social, tal y se conoce hasta ahora presenta, "graves deficiencias", como es la ausencia de una definición de consumidor vulnerable que hacía que muchos hogares con serias dificultades no tuvieran acceso a él, o la falta de información para los consumidores sobre el mismo y cómo acogerse a él, "lo que hacía que el bono social fuera inaccesible para los potenciales beneficiarios por desconocimiento".

Asimismo, la asociación considera necesario abordar también problemas "más graves" asociados a la pobreza energética y los cortes de suministro.

BORRADOR DEL NUEVO REGLAMENTO.

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el Real Decreto Ley sobre el bono social.

Entre las medidas recogidas en el borrador, figura el hecho de que los impagos deberán reclamarse mediante hasta tres comunicaciones fehacientes antes de iniciar el proceso de corte de suministro.

Además, el corte de suministro no se podrá realizar antes de dos meses de la fecha de la reclamación fehaciente del pago, siendo cuatro meses si está reconocido como consumidor vulnerable severo.

También se crea una nueva categoría, los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que evitarán los cortes de suministro si la administración (local o autonómica) contribuye con el 50% del coste de ese suministro.

Por otra parte, la Administración tendrá acceso a la información de las interrupciones de suministro previstas con el fin de identificar hogares en riesgo de exclusión social y las comercializadoras deberán informar al cliente sobre su derecho a acogerse al bono social y de la posible pérdida de este derecho si contratan en el mercado libre.

Asimismo, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) será utilizado para marcar unos umbrales de renta que fijan las diferentes categorías. Ese umbral se podrá modificar ante determinadas circunstancias (minusválidos). La categoría de hogares vulnerables severos tendrá un mayor descuento.

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