Afirma que el decreto de las cláusulas suelo no influye en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros
FRÁNCFORT (ALEMANIA), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El programa de asistencia financiera solicitado por España en 2012 contribuyó al restablecimiento de la resistencia del sector bancario español, según ha indicado el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, añadiendo que el instituto emisor y supervisor de la zona euro no participa en el proceso de aplicación de las normas sobre ayudas estatales, incluyendo el ritmo óptimo de desinversión de entidades que necesitaron ayudas públicas.
"El BCE considera que el programa de asistencia financiera para España consiguió restablecer la resistencia del sector bancario español", asegura Draghi en respuesta a las preguntas planteadas por Paloma López Bermejo, eurodiputada de IU, subrayando que el papel del banco central en dichos programas es cooperar con la Comisión Europea, ofreciendo asesoramiento y análisis técnico a las autoridades que soliciten asistencia financiera e informando al grupo de trabajo del Eurogrupo y al Eurogrupo.
"Este fue asimismo el caso para el programa de ajuste financiero solicitado por el Gobierno de España en 2012", apunta Draghi, añadiendo que el personal del BCE "no participó en la determinación de las necesidades de asistencia financiera de entidades de crédito específicas españolas".
En cuanto al ritmo óptimo de privatización de entidades rescatadas, el presidente del BCE recuerda que las condiciones y el calendario de una desinversión por el Gobierno español en relación con una entidad que se haya beneficiado de ayuda estatal están sujetos a las normas de la UE, por lo que su aplicación se inscribe en el ámbito de competencias de la CE y el BCE no participa en este proceso.
CLAÚSULAS SUELO.
Por otro lado, en referencia al Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia
de cláusulas suelo, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 20 de enero, Draghi apunta que el Banco de España presentó al BCE el 17 de enero "una solicitud urgente de dictamen" sobre dicha medida en nombre de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
A este respecto, el banquero italiano señala que el BCE encargó estudiar este asunto a un grupo interno de expertos que concluyó que el Real Decreto-ley no afectaba a sus competencias, por lo que decidió no emitir dictamen, lo que se comunicó al gobernador del Banco de España por carta del BCE de 1 de febrero de 2017.
"El Real Decreto-ley, considerado en sí mismo, no influye significativamente en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros", explica Draghi, quien advierte de que los posibles efectos en la estabilidad financiera no se derivan de la norma como tal, "sino de las consecuencias económicas que para las entidades financieras tiene la declaración de nulidad de las cláusulas suelo no transparentes por el Tribunal Supremo de España, seguida de la confirmación del pleno efecto retroactivo de dicha nulidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 21 de diciembre de 2016".
De este modo, el BCE se limita a observar, sin pronunciarse sobre su fondo al no considerarse competente para emitir un dictamen, que el Real Decreto-ley establece "un mecanismo práctico para agilizar la devolución de las cantidades
adeudadas a los consumidores y limitar así el coste de la litigiosidad sobre ese asunto".
El pasado 20 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas que establece un procedimiento extrajudicial para resolver de forma "rápida y gratuita" las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales.
El procedimiento da tres meses a los bancos para llegar a un acuerdo con el consumidor y resolver las reclamaciones. La vía judicial quedará abierta en el caso de que el cliente no quede satisfecho con la oferta de su banco. Asimismo, el Real Decreto obliga a las entidades de crédito a poner en marcha en el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en vigor del decreto las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta vía extrajudicial. Además, los bancos deben garantizar que el sistema es conocido por todos los consumidores con cláusula suelo en sus contratos.
