GRANADA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma en Defensa del Río Castril ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Superior de Andalucía el auto del Tribunal Supremo que ordena la paralización de las obras del trasvase del río Castril para que depure responsabilidades entre las administraciones que abogaron por continuar con los trabajos haciendo "caso omiso" a la sentencia que anuló en 2010 el Real Decreto de Sequía que justificaba este proyecto.
El escrito ha sido presentado por el presidente de la citada plataforma, Miguel Ortiz, a cuyo juicio la Fiscalía debe investigar los "supuestos delitos" en los que podrían haber incurrido estas administraciones por "no atender las reivindicaciones" de este colectivo y seguir construyendo una conducción de abastecimiento de agua a Baza desde el embalse del Portillo.
La Plataforma en Defensa del Río Castril ya ha informado de la nueva situación a algunas de las administraciones implicadas en los trabajos, como la Agencia Andaluza del Agua, a la Subdelegación del Gobierno en Granada, a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y a la de Cultura, mientras que este miércoles ha hecho lo propio con la Fiscalía Superior de Andalucía.
Según ha relatado Ortiz, todas estas administraciones fueron informadas en su día de la anulación del Real Decreto de 2005 por el que se adoptaban medidas, entre ellas el trasvase del río Castril, para corregir los efectos de la sequía de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro, de modo que también quedaba sin efecto las iniciativas adoptadas a raíz de esta normativa.
"Ahora no pueden alegar desconocimiento y buena fe", ha añadido Miguel Ortiz, que mantiene la intención de seguir con las acciones legales para que se derribe lo construido hasta ahora y se restituya la legalidad garantizando la permanencia de la flora y fauna de la zona que haya podido resultar afectada.
CINCO PUEBLOS AFECTADOS
Las obras de canalización, que estaban declaradas de emergencia, afectaban a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar, donde hace unos días se retiraron las máquinas en cumplimiento de la resolución del Alto Tribunal, que en un auto fechado el 4 de febrero de este año, ordena la paralización inmediata de los trabajos y de la expropiaciones que se derivan de las mismas.
El Tribunal Supremo basa su decisión en que el Decreto de Seguía fue anulado en 2010, por lo que quedan también sin efecto las medidas adoptadas a raíz del mismo.
De hecho, considera que estas obras "no tienen otro amparo ni cobertura que la del mentado Real Decreto declarado nulo en sentencia firme por lo que" accede a las pretensiones formuladas por la Plataforma en Defensa del Río Castril, personada en este caso, para que se paralicen las obras y las expropiaciones.
Por el momento, no se ha acordado la demolición de lo que se ha construido hasta ahora hasta conocer el alcance de los trabajos, de lo que deberá informar el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
