MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Cáritas Española ha alertado de que la reforma sanitaria dificultará la protección de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género que viven en España en situación irregular ya que, al quedar excluidas del sistema de salud, no podrán aportar pruebas imprescindibles en caso de que necesiten una orden de alejamiento de su agresor.
Así lo ha concluido la Comisión Permanente de Cáritas Española en una reunión sobre el derecho a la salud y las consecuencias sobre el mismo del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
En este sentido, la comisión ha mostrado "una especial preocupación" ante la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia y mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual en situación irregular ya que, según afirman, su exclusión del sistema "agrava y dificulta la prevención, detección, asistencia y protección de las víctimas".
Además, ha subrayado que estas mujeres "no podrán aportar pruebas imprescindibles para que, en su caso, un tribunal pueda o no disponer una orden de alejamiento del agresor o una medida de protección a la víctima, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus familias".
En este sentido, ha indicado que la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va a añadir "un sufrimiento muy severo" a un colectivo "especialmente vulnerable" que, a su juicio, "no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia".
Además, ha alertado de que esta reforma alimenta un discurso "reduccionista y lleno de riesgos" según el cual las personas migrantes que forman parte de las comunidades son "las responsables del deterioro socioeconómico actual".
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Según ha indicado Cáritas, el riesgo de precariedad aumenta en los casos de las personas afectadas por una discapacidad con elevado deterioro de la autonomía, como en los enfermos crónicos o los que necesitan tratamiento oncológico porque "se corre el riesgo de la aplicación de criterios dispares por parte de las comunidades autónomas".
En general, Cáritas prevé que la reforma aumentará la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social --jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales y ciudadanos extracomunitarios en situación irregular--.
En cuanto a la búsqueda de la sostenibilidad perseguida por la reforma, Cáritas cree que, si se han constatado prácticas abusivas de los servicios sanitarios, será necesario "atajarlas, pero sin negar el derecho a la salud de las personas".
COBERTURA DISTINTA SEGÚN EL COLECTIVO
Ante esta situación, Cáritas ha identificado "con seria inquietud" el inicio de una "dualización" del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca y ha mostrado su "rechazo" a la aparición de un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables".
Finalmente, ha recordado que, según la Doctrina Social de la Iglesia, "los derechos del hombre exigen ser tutelados no sólo singularmente, sino en su conjunto" y "tales derechos se refieren a todas las fases de la vida y en cualquier contexto político, social, económico o cultural".
