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MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento de Extremadura ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de regulación del Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno y de la Comunidad Autónoma, que entre otras medidas establece un régimen sancionador a las incompatibilidades de quienes ostentan un puesto político, además de limitar a ocho años el mandato del presidente de la comunidad autónoma.
Tras superar el debate de totalidad, gracias a los votos a favor del Grupo Popular, del Grupo IU-Verdes-Siex y del PREx CREx, y la abstención del Grupo Socialista, la Ley sigue su curso parlamentario con el comienzo del plazo de presentación de enmiendas parciales.
El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado Batalla, ha expuesto los puntos principales de esta norma, que según ha dicho no va a provocar "efectos milagrosos" en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la clase política, pero si contribuirá a "generar madurez cívica".
También ha dicho que proporcionará "mejor capacidad para votar" y que con esta Ley los políticos extremeños darán "algo de ejemplo", si bien ha reconocido que aún queda camino por recorrer en esta materia.
El diputado del PSOE Alfredo Escribano Sánchez, sin embargo ha recordado que dos órganos consultivos, como son el Consejo Económico y Social, así como el Consejo Consultivo, han emitido informes que ponen en duda la constitucionalidad de la norma.
En este sentido, ha compartido que la limitación del mandato es algo que "la sociedad demanda", pero cree que esta ley queda "expuesta" a que "cualquiera" pueda plantear un recursos de inconstitucionalidad, al mismo tiempo que corre "riesgos totalmente innecesarios" en las definiciones establecidas, porque "en ocasiones no van a coincidir con la nomenclatura de rango estatal y de otras comunidades autónomas".
El diputado del Grupo Parlamentario IU-Verdes-Siex Víctor Casco ha defendido su apoyo a la norma en el sentido de que apoyará cuantas leyes se establezcan con el fin de "impedir el abuso del poder". En esta línea, ha señalado que el Estatuto de Cargos Públicos forma parte de la "arquitectura para contener al poder" que suponen además la Ley de Gobierno Abierto y la Ley de Publicidad Institucional, actualmente en tramitación.
Asimismo, ha aplaudido el régimen de incompatibilidades, y en concreto se ha referido a la limitación que establece a los cargos públicos, que no podrán percibir al mismo tiempo otro salario como responsables de sus correspondientes partidos políticos.
El portavoz de la agrupación de diputados PREx CREx, Damián Beneyto, ha defendido también que esta norma sea un "complemento" de la Ley de Gobierno Abierto, pero no entiende la "urgencia" con la que se ha llevado al Parlamento.
Beneyto considera que es "una ley que hacía falta", al tiempo que ha propuesto que la limitación de los mandatos del presidente se extienda, mediante la aprobación de otra ley, al resto de los cargos electos (diputados, senadores, etc.). De esta forma, ha señalado, "se acabaría con el clientelismo, el depotismo y muchas de las corruptelas" en la administración pública.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Cantero, ha subrayado que el interés que persigue el Gobierno de Extremadura con la tramitación de esta ley no es otra que la de "anticipar a la calle lo que la ciudadanía está reclamando", y ha rechazado que haya "ningún otro afán".
Ha indicado que es una ley "necesaria y oportuna", al considerar que los representantes públicos tiene "la obligación de devolver al ciudadano lo que ha fecha de hoy no se ha podido recuperar: la búsqueda del progreso a través de la credibilidad de los políticos y los cargos públicos".
