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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de los siete ediles compostelanos que autorizaron en una junta de gobierno local el pago de la defensa del también concejal Adrián Varela, imputado en el marco de la 'Operación Pokémon'. De esta manera, los concejales imputados tendrán que sentarse en el banquillo el próximo 19 de mayo.
Concluye la Audiencia, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que "del tenor literal del acuerdo resulta la probabilidad de que el gasto se haya asumido de forma incondicionada, sin sujeción a las exigencias que derivan de la ley y la jurisprudencia, exigencias conocidas por los concejales por constar expresamente en el informe del que se les dio cuenta inmediatamente antes de la adopción del acuerdo".
Añade la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que éste es el "dato fundamental", al que cabe añadir otros indicios invocados por el Ministerio Fiscal, como son la urgencia en la adopción del acuerdo o la peculiaridad de que contenga una especie de estipulación al asumir el gasto en favor de un concreto letrado.
En días pasados, la portavoz del gobierno local de Santiago, María Pardo, había augurado que los concejales tendrían que ir a juicio, si bien se mostró segura de que saldrían "absueltos" de este proceso judicial.
Tras la deliberación que tuvo lugar la pasada semana, se ha confirmado la apertura del juicio oral contra Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Castelao, Francisco Noya, Luis García Bello y la propia María Pardo, los siete concejales que en la junta de gobierno del 30 de mayo de 2013 aprobaron que el Consistorio asumiese la defensa de Adrián Varela. Precisamente, la imputación de sus compañeros a raíz de esta decisión motivó que el propio Adrián Varela renunciase a que su defensa fuese pagada con fondos públicos.
Por su parte, los ediles del PPdeG, que se enfrentan a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, habían basado su recurso contra el auto de apertura en que ningún funcionario se opuso al acuerdo y en que no hubo voluntad de prevaricar.
