KAMPALA, 29 May. (Reuters/EP) -
Los soldados sursudaneses acusados de violar a al menos cinco trabajadoras humanitarias extranjeras y asesinar a su colega local en julio de 2016, irán a juicio ante un tribunal militar a partir de este martes, en una prueba clave de la capacidad del Gobierno de perseguir los crímenes de guerra.
El fiscal Abubaker Mohamed, un coronel del Ejército, ha contado a Reuters que entre 15 y 20 soldados gubernamentales se enfrentan a cargos que incluyen asesinato, violación y saqueo durante el ataque en el hotel Terrain en la capital el 11 de julio de 2016.
Los investigadores de la ONU y los grupos de defensa de los Derechos Humanos han acusado frecuentemente tanto a los soldados como a los rebelde de asesinato, tortura y violación desde que estalló la guerra civil en el país en diciembre de 2013 y han denunciado que la mayoría de los crímenes no han sido castigados.
"Queremos eliminar estos crímenes dentro del Ejército", ha explicado Mohamed, añadiendo que examinará la responsabilidad de altos oficiales. "El comandante siempre es responsable de la acciones de los soldados", ha sostenido. Pero, ha añadido, "a veces un soldado puede ir y cometer un delito sin el conocimiento del comandante".
El ataque, uno de los peores contra cooperantes extranjeros en la guerra civil Sudán del Sur, se produjo mientras que las tropas del presidente, Salva Kiir, se imponían en una batalla por Yuba que se prolongó durante tres días frente a los rebeldes liderados por el exvicepresidente Riek Machar.
Durante las horas que duró el ataque al recinto del hotel, las víctimas llamaron a la misión de la ONU estacionada a poco más de un kilómetros y rogaron ayuda, pero no llegó nadie. El jefe militar de la Misión de la ONU (UNMISS) fue cesado y el jefe político renunció por el incidente.
Los asesinos se enfrentan a un mínimo de 10 años de cárcel con una multa a pagar a la familia de la víctima, o un máximo de pena de muerte, ha explicado Mahamed. En el caso de los acusados por violación, la pena máxima es de 14 años.
Rebecca Chuol Ungdeng, cuyo marido el cooperante John Gatluak fue asesinado en el ataque, ha dicho que teme regresar para el juicio. "¿Por qué fue asesinado si no es un soldado?", ha preguntado desde el exilio en Uganda.
"No estaba enemistado con nadie. ¿Fue porque era nuer?", se ha preguntado, en referencia a la etnia a la que pertenece Machar, mientras que Kiir pertenece a la etnia dinka, lo que ha provocado también un choque étnico.
Mohamed ha explicado que los soldados que no puedan viajar a Yuba podrían testificar por vídeo o enviar a un representante. Sin embargo, cinco supervivientes han dicho que no les han llamado a testificar, lo que genera dudas sobre la capacidad del Gobierno de llevar a cabo un juicio justo.
ACABAR CON LA CULTURA DE IMPUNIDAD
Dos de las víctimas de violación han dicho que podrían volver a Yuba para testificar si su anonimato y seguridad están garantizados. "El resultado más importante para mí es acabar con la cultura de impunidad", ha declarado una cooperante occidental que fue violada por cuatro soldados.
"No creo que deba tratarse solo de nosotras y de nuestro caso, sino sobre esta cuestión más amplia de hacer justicia por estos crímenes cometidos contra otras muchas personas también", ha defendido.
Otra cooperante occidental, violada por 15 soldados, ha señalado que probablemente los acusados serán soldados de bajo rango y que podrían haber sido reclutados cuando eran niños. "Estoy mucho más enfadada con los niveles superiores del Ejército que estaban al tanto del ataque, que sabían y no hicieron nada, o soldados más veteranos que estaban ahí mirando estas cosas pasar y no hicieron nada", ha añadido.
