UPyD augura un aumento de la burocratización para los usuarios y pérdida de control de las bibliotecas por parte del Consistorio
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid está elaborando un catálogo colectivo con la Comunidad de Madrid para las 33 bibliotecas públicas municipales y las bibliotecas regionales en la capital, cuya gestión como ha destacado el concejal de las Artes, Deportes y Turismo, Pedro Corral, corresponde al Ejecutivo regional "según establece la ley".
Preguntado sobre si se está trabajando para ceder a la Comunidad de Madrid la propiedad de las bases de datos y del sistema informático de gestión de las bibliotecas municipales, Corral ha explicado que los técnicos y funcionarios de la Dirección General de Bibliotecas están trabajando para que los usuarios dispongan de un carné único, de acuerdo con el plan para evitar duplicidades de la Administración local y regional.
Con respecto al catálogo colectivo, Corral ha admitido que "el catálogo no existe porque se está haciendo" pero ha destacado que "todas las comunidades autónomas son responsables del catálogo colectivo". "Estamos trabajando con la Comunidad de Madrid para tener ese acuerdo", ha subrayado.
Así, Corral ha justificado la creación de este catálogo colectivo para evitar duplicidades en el mantenimiento de dos aplicaciones informáticas, así como para "ahorrar tiempo, dinero y para cumplir la ley". "El catálogo colectivo es competencia de la Comunidad autónoma y estamos obligados a colaborar con la Comunidad Autónoma", ha insistido.
UPyD NIEGA EL AHORRO
Por su parte, la concejala de UPyD, Patricia García López, ha considerado que este ahorro es "falso" porque "las concesiones de licencias están hechas". También ha considerado que en los aspectos técnicos tampoco se va lograr un ahorro pues "no se requiere la cesión de competencias para hacer un catálogo conjunto".
A este efecto, ha puesto como ejemplo el catálogo de la Red de Bibliotecas universitarias (Rebiun) que aúna a las bibliotecas de las universidades. El aumento de burocracia para los usuarios y la pérdida de control de las bibliotecas por parte del Ayuntamiento son algunas de las consecuencias, que a juicio de UPyD, se derivarían de este catálogo colectivo si el Ejecutivo regional se hiciera con su gestión.
