VALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
Dos mujeres han aceptado este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia una pena de dos años de prisión por estafar unos 60.000 euros a la anciana a la que cuidaban en su domicilio de Ayora (Valencia). La víctima, de 79 años, sufría trastorno afectivo bipolar mixto y permanente demencia.
Inicialmente, el ministerio fiscal pedía una pena de seis años de prisión para cada una de ellas por un delito de estafa con la agravante de abuso de confianza y una multa de 3.000 euros, aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo con la defensa por la que cumplirán dos años por un delito de estafa simple. El letrado de la acusación ha indicado a los medios de comunicación que ha aceptado rebajar la pena porque su cliente no quiere que este asunto "se dilate en el tiempo" y pueda luego ser recurrido en el TS.
Por su parte, el abogado de la defensa ha señalado que sus representadas son "inocentes" pero que en ocasiones "se tiene que llegar a acuerdos". De hecho, ha reiterado que la anciana quería que las acusadas "las cuidaran hasta su muerte", y ha insistido en que ésta "sabía lo que hacía y decía que quería que todo fuera para ellas".
Según consta en el escrito fiscal, las mujeres cuidaban a la víctima desde finales de 2007 en su domicilio de Ayora. Aprovechando su estado mental y con ánimo de enriquecimiento, las mujeres le convencieran para que, acompañada siempre de una de ellas, efectuara continuas extracciones de sus cuentas corrientes --en total, unos 60.000 euros--. Asimismo, hicieron compras de electrodomésticos, joyas y pieles.
Las mujeres también consiguieron que en junio de 2008 la anciana otorgara testamento a su favor nombrándolas herederas universales y dándoles poderes generales para disponer de sus bienes. Tras ello, una de las acusadas vendió un bajo por importe de 33.000 euros que ingresó en una cuenta en la que estaba autorizada para realizar operaciones y extracciones.
Estos poderes y testamento fueron posteriormente revocados en fecha 4 de octubre de 2008 después de que la sobrina de la víctima se enterase de las maniobras efectuadas por las acusadas para despojarla de su patrimonio, según consta en el relato fiscal.
