MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido este miércoles al tesorero de CDC, Andreu Viloca Serrano, por delitos relacionados con la corrupción, han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. También han sido arrestados el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell i Polo, y seis empresarios.
Viloca Serrano es, además de tesorero de CDC, administrador de las fundaciones Nous Catalans y CatDem. El arresto ha tenido lugar en la proximidad de su domicilio.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero de CDC un total de seis delitos relacionados con la corrupción que son los de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
SIGUE AQUÍ LA ÚLTIMA HORA
Un total de seis empresarios han sido detenidos este miércoles en la misma causa que el tesorero de CDC, Andreu Viloca, y el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell i Polo, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Los detenidos son Jordi Soler, Juan Luis Romero Gamero (presidente de Rogasa), Xavier Tauler Ferrer (Copisa), Antonio García Bragado, Sergi Lerma y un sexto de apellido Bassols. Todos ellos han sido detenidos a primera hora de la mañana.
Otro de los detenidos es el secretario del patronato de la fundación Catdem, el convergente Carles del Pozo y también se ha detenido a una administrativa de CDC, han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
Del Pozo fue gerente de la formación pero, según han explicado a Europa Press fuentes del partido, ya no lo es, sino que esta función la tiene asumida el tesorero, Andreu Viloca, también detenido este miércoles; y fuentes de Catdem han informado de que Del Pozo es el actual secretario del patronato de la fundación.
La operación, que sigue abierta, ha supuesto la detención de ocho personas y 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de varias empresas.
La operación está a cargo de la Policía Judicial de Tarragona, con apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la zona de Cataluña, y se enmarca en la investigación por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de obra pública, que investigan la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).
REGISTRO EN CDC
Los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda han abandonado sobre las 11.15 horas de este miércoles la sede de central de CDC en Barcelona tras participar durante media hora en el registro que dirigen por el presunto cobro de comisiones.
Hasta la sede de los convergentes se han desplazado cuatro vehículos de la Guardia Civil, y dos agentes se han situado custodiando la puerta, frente a la que se han concentrado muchos medios de comunicación.
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS DE BAGES
La Guardia Civil registra desde las 10 horas el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, dentro de la operación Petrum, con el objetivo de recabar información para esclarecer si CDC cobró "el 3%" del coste de la construcción en 2009 del centro cívico Nexe, en alusión a presuntas comisiones por adjudicación de obra pública.
Lo ha explicado a Europa Press el alcalde, Joan Carles Batanés (Gent Fent Poble), que ha concretado que los agentes han reclamado el expediente referente a "la contratación y ejecución del proyecto Nexe" en la anterior legislatura, cuando CDC tenía mayoría absoluta.
El Grupo Soler ganó el concurso público y se encargó de la construcción del centro: "Tres días antes de acabar la obra se hizo una certificación extra por valor de 35.000 euros a favor de la empresa, un importe muy cercano al 3% del coste total".
El alcalde ha concretado que, "poco después, la empresa del Grupo Soler hizo una donación de un importe similar a la fundación de CDC", lo que justifica la investigación de la Guardia Civil, ha apuntado.
AYUNTAMIENTO DE OLOT
La Guardia Civil busca en el Ayuntamiento de Olot (Girona) el contrato de concesión del servicio de basuras de la ciudad que se aprobó en 2011 y que actualmente sigue en vigor, según han explicado fuentes cercanas a la investigación.
Dos patrullas de la Guardia Civil, con diversos agentes, registran el Consistorio desde las 10.00 horas de este martes.
En declaraciones a los medios, el alcalde de Olot, Josep Maria Corominas (CDC), se ha mostrado sorprendido por el registro y ha asegurado estar "tranquilo", ya que ha asegurado todo se ha hecho según estaba establecido.
La Policía Local de Olot ha multado a un coche de la Guardia Civil estacionado ante el Ayuntamiento en una zona peatonal donde está prohibido aparcar, y donde estaba para uno de los registros de la operación.
Según han informado fuentes municipales a Europa Press, la multa puede costar de 80 a 200 euros, es recurrible durante 20 días hábiles y se ha impuesto durante el registro policial.
La Guardia Civil se han llevado en el registro --ya acabado-- el contrato de basuras adjudicado a la empresa Urbaser y Igfa que se aprobó en 2011 y que sigue en vigor.
En la siguiente imagen-- tomada por el periodista Guido Cengiarotti (Guido Cengiarotti (@GuidoCengia)-- se puede ver cómo la Policía Municipal de Olot multa a los coches de la Guardia Civil estacionados frente al ayuntamiento durante los registros.
COPISA
La Guardia Civil registra desde primera hora de este miércoles la sede de la constructora Copisa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en busca de documentación relacionada con el posible pago de comisiones irregulares a CDC a cambio de la concesión de obras públicas.
Según han explicado fuentes de la empresa a Europa Press, Copisa está colaborando con los agentes y entregándole la documentación que le piden durante el registro que continúa en sus oficinas.
