Por Carlos Martinez (OTR/PRESS)
En estos momentos de cierta recuperación económica, donde parece que la destrucción de empleo se estabiliza y los estímulos públicos empiezan a producirse (financiación para pymes, rebajas en las cotizaciones, etc.), es especialmente relevante para las empresas ser competitivas y para ser competitivas tienen que apostar de manera firme por la formación.
España desde hace décadas ha dejado de ser un país de mano de obra barata, y ha pasado a convertirse en un país que produce y vende materia gris y para ello es imprescindible invertir de manera continua en I+D+I y lo que hace imprescindible la formación.
Sin duda, la mejora de las competencias y de las capacidades de los trabajadores ayudará a salir de la situación en la que vivimos a corto plazo y prepararnos para un desarrollo económico y sostenible a futuro.
Todo esto, y ahora que se está barajando el cambio de modelo de la formación continua tras los últimos escándalos que salpican a patronales y sindicatos, es el momento de romper las divisiones que existen entre la educación, la formación y el trabajo de manera que los trabajadores puedan garantizar su empleabilidad y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo a lo largo de la vida.
Con un panorama laboral donde más del 30% de la masa laboral tiene poca o ninguna cualificación (esto reduce hasta un 40% sus posibilidades de encontrar trabajo) y sólo el 25% posee una alta cualificación, con el añadido que muchas de las persona con alta cualificación, la tienen en aspectos que el mercado laboral no demanda, y esto produce unos grandes desequilibrios que desencadenan en el alto desempleo que tenemos hoy en día.
En España la formación tiene que ir en paralelo con las demandas reales que las empresas requieren, con el fin de hacer de nuestro país una potencia competitiva que haga valer su cuarto puesto como nación europea.
Si a todo esto sumamos, que según distintos estudios de la Unión Europea las empresas que cuentan con personal poco cualificado y que no invierten en formación, tienen una probabilidad de quiebra de 2,5% veces superior a las empresas que aplican políticas formativas. Igualmente, los sistemas educativos que proporcionan más capacidades adecuadas para sus ciudadanos, podrían incrementar el PIB en un 10% a largo plazo.
Por lo tanto, deberíamos abrir los ámbitos de la educación y la formación, consiguiendo que los centros y escuelas responsables de impartir la formación que se ejecuta con fondos públicos, sean innovadores, se adapten mejor a las necesidades de los alumnos y las empresas y desarrollen las competencias necesarias que se traduzcan en resultados tangibles, tanto que se debería exigir la incorporación al mercado laboral de un número importante de los alumnos formados con dichos fondos, o conseguir una clara mejora de las competencias profesionales de los trabajadores formados.
A cambio, la Administración, debería dar más recursos a estos centros para que realmente puedan conseguir estos objetivos. Mediante esta fórmula, se hará un uso responsable y eficaz de los recursos públicos que se invierten en esta área, cosa que hasta ahora no ha sucedido.
Carlos Martinez es director general de IMF Business School
