SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los arrendatarios históricos de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) pueden solicitar a partir de este miércoles la enajenación a su favor de las tierras propiedad del IARA, tras publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la disposición final única de la Consejería de Agricultura y Pesca que así lo indica.
La Orden consultada por Europa Press señala que al valor de enajenación de estas tierras se le aplicará una reducción de hasta un 65 por ciento en función de criterios de antigüedad, generación de empleo y esfuerzo inversor de modernización y mejora de la explotación. No obstante, la norma limita durante 25 años la libre disposición de las explotaciones adjudicadas y obliga así a la devolución de estas bonificaciones en casos de venta, división o segregación.
En el caso de que la resolución, con un plazo de seis meses, es favorable, dispondrán de tres años como máximo para abonar el precio de la adjudicación. En el caso de que se realice una liquidación anticipada, el traspaso será inmediato, según se aprobó en el Consejo de Gobierno del 27 de julio.
Las parcelas que explotan los agricultores arrendatarios tienen una superficie total que supera actualmente las 9.000 hectáreas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla.
Así, según el decreto-ley sobre reordenación del sector público andaluz que aprobó el Consejo de Gobierno, en el caso de que los bienes no sean solicitados por los adjudicatarios, la Junta obligará al desalojo y les indemnizará por las mejoras realizadas en las parcelas, siempre que hayan contado con autorización administrativa. Las explotaciones agrarias comunitarias podrán ser segregadas por la Administración autonómica para que se escrituren a título individual para cada uno de los agricultores que participan en la concesión.
Respecto a las tierras, bienes y derechos del IARA que no han sido ocupados por terceras personas, la Administración autonómica prevé su enajenación a favor de entidades públicas para fines de interés general o su venta a entidades públicas y privadas tanto para fines agrarios como para otros usos compatibles que conlleven generación de empleo y una mejora del medio rural y de las condiciones de vida de la población. Este patrimonio está integrado por 13 fincas con 5.320 hectáreas de suelo rústico y 24 hectáreas de suelo urbano.
