Agua.- Regantes de Rambla Morales dan un ultimátum de diez días a la empresa para poner en marcha la desaladora

Actualizado: lunes, 9 marzo 2009 17:22

ALMERÍA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva junta directiva de la Comunidad de Regantes de Rambla Morales, domiciliada en el término municipal de Níjar (Almería), lanzó hoy un ultimátum a la empresa 'Técnicas Reunidas' para que el plazo máximo de diez días ponga en marcha la desaladora construida a instancias de la comunidad mientras que ésta gestiona la venta de la infraestructura de titularidad privada a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para sufragar una deuda que asciende a 120 millones de euros.

En rueda de prensa, los responsables electos el pasado mes de diciembre Juan Garrido, Javier Navarro y Juan Jesús Martínez, lamentaron el retraso de año y medio que arrastra el inicio de actividad de la planta que, según aseguró Garrido, desde mayo no suministra "ni una gota de agua" de los 20 hectómetros cúbicos de producción pese al contrato que subroga la gestión a Técnicas Reunidas por un periodo de 20 años y que desde la directiva plantean rescindir de no cumplirse el citado ultimátum.

Garrido afirmó que desde la comunidad la creencia extendida es que la empresa está usando la demora como "medida de presión" para cobrar once millones de euros que se suman a los 36 millones de euros abonados hasta el momento ya que, aunque no se ha concluido la construcción de la batería de pozos en el litoral, "el único módulo terminado podría cubrir la demanda actual de agua" entre los regantes.

Mientras el proceso de negociación con Acuamed, interesada sólo en adquirir la parte de la desaladora que posibilitaría la interconexión de los recurso hídricos del levante provincial, continúa abierto con un discrepancia notable entre la oferta de 53,9 millones de euros y el precio de venta establecido por Rambla Morales en 99 millones de euros, la junta directiva acusa a sus antecesores de llevar a cabo "una gestión oscura".

En concreto, revelaron que, a la espera de los resultados de una auditoría que se dará a conocer en abril, el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha incoado diligencias ante un presunto delito de robo de documentos detrás del que están "cuentas no demasiado claras" en el que, según insinuaron, se detectan "irregularidades".