ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La candidata del PP de Almería al Parlamento andaluz Aránzazu Martín se comprometió hoy con los secretarios provinciales en Almería de UGT, José Ginel, y CCOO, Juan Pallarés, a alcanzar el pleno empleo para el año 2012 y crear 750.000 puestos de trabajo en Andalucía en los próximos cuatro años, de manera que se pueda arreglar el "desaguisado" de José Luis Rodríguez Zapatero.
Así lo reveló Martín en rueda de prensa, acompañada, entre otros, por el candidato del PP al Congreso de los Diputados Rafael Hernando, quien aseguró que la creación de empleo es una de las "mayores preocupaciones" de su partido y culpó al PSOE de provocar que el número de desempleados en Almería pasara de 13.877 al final de la pasada legislatura hasta los 31.716 de esta.
Hernando abogó por promover un mayor diálogo con los agentes económicos y sociales con el objetivo de impulsar las reformas necesarias del mercado de trabajo y "avanzar en flexibilidad, seguridad y calidad", para lo que anunció un acuerdo nacional sobre competitividad que revitalizará la economía que, a su juicio, está "en crisis gracias a la gestión del PSOE".
El candidato popular criticó "la paralización o el retraso" de las inversiones del Gobierno central en infraestructuras en Almería, donde, según él, se registró una disminución desde los 1.081 millones de euros de inversión bajo el Gobierno del PP a los 479 con Rodríguez Zapatero.
El PP propuso a los representantes sindicales medidas como la reducción del impuesto de sociedades, la potenciación del ahorro energético e iniciativas para conciliar la vida laboral y familiar, así como la lucha contra la diferencia salarial entre el hombre y la mujer y contra la siniestralidad laboral, que tildó de "preocupante" en Andalucía, donde el año pasado se cobró 195 vidas.
Asimismo la formación prometió que potenciará la inserción de jóvenes en mercado laboral a través del programa 'Jovempleo', al que se destinarán 42 millones de euros; de la mujer, con el 'Plan Mujer Activa'; y de las personas con discapacidad, con ayudas a las empresas que los contraten y con una reserva del siete por ciento de empleo público.