ALMERÍA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El delegado provincial de Obras Públicas y Transportes en funciones de la Junta en Almería, Luis Caparrós, aseguró hoy que la solución administrativa a la situación de irregularidad del grueso de alrededor de 5.000 viviendas en las comarcas de Levante y Almanzora pasa por los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que instó a los equipos redactores municipales a "agilizar" el trabajo para su remisión y aprobación en la Comisión Provincial de Urbanismo.
A preguntas de los periodistas y sin entrar en valoración de la operación contra la corrupción urbanística desarrollada por la Guardia Civil en Zurgena el pasado día 2, Caparrós matizó que, de los inmuebles edificados sobre suelo no urbanizable, sólo "tendrán graves problemas" para su legalización aquellos que se ubiquen sobre terrenos "dotados de alguna figura de especial protección" o supongan un "riesgo" para la población por ocupar cauce público.
Según concretó, la aprobación de la Junta de Andalucía estará asimismo condicionada a la proximidad geográfica de las viviendas con respecto al núcleo urbano consolidado de cada uno de los municipios y a la garantía de provisión de equipamientos públicos e infraestructuras básicas como abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro eléctrico.
Al hilo de esto, Caparrós señaló como segunda vía para regularizar la situación de estas viviendas --propiedad en su mayoría de ciudadanos británicos-- los planes subrregionales impulsados por la Administración autonómica, herramientas de planeamiento que, según subrayó, "también darán soluciones a los inmuebles con mayores problemas".
Reveló, asimismo, que su departamento ha cerrado acuerdos con 70 de los 102 ayuntamientos de la provincia para "atajar o poner en orden" el urbanismo en sus términos municipales, muestra --ahondó-- "de que la voluntad de la Junta es la de corregir y situar dentro del marco de la legalidad" las viviendas afectadas.
OPERACIÓN COSTURERO.
Los seis detenidos en el marco de la operación 'Costurero' --entre ellos el alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA) y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras-- quedaron el pasado viernes en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.
Tanto los ediles, como los arquitectos Francisco Salvador y Carlos Berbel y los promotores inmobiliarios Tomás Zurano y Antonio López, eran arrestados tras una investigación abierta en 2006 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que derivó en la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Se efectuaron también distintos registros en domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital y Zurgena, en cuyo Ayuntamiento los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron diverso material informático y documentación.
Se investiga si se produjo la comisión de delito en la autorización municipal a seis promociones de más de un millar de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio.
Algunas de ellas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía todas las licencias municipales que el Consistorio ratificó desde el año 2004 por silencio administrativo pese a la solicitud de revisión tramitada por la delegación provincial de Obras Públicas.
La propia comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en el informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que "un número de autoridades municipales" actuaron "incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".
