ALMERÍA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería ha abierto de oficio una investigación para esclarecer presuntas agresiones y abusos de autoridad por parte de la Benemérita contra inmigrantes en el asentamiento chabolista de 'Tierras de Almería', en El Ejido.
Así lo revelaron a los periodistas el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y el subdelegado del Gobierno en Almería, Miguel Corpas, que precisaron que la investigación está pendiente de dirimir si efectivamente se pueden imputar responsabilidades a algún agente por los hechos denunciados por varias ONG ante el propio Chamizo.
En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz precisó que al menos tres ONG y "otras dos o tres personas" le trasladaron que algunos funcionarios actuaron "con violencia" y con "malos modos y malos estilos" en las chabolas de población magrebí, causando algunos destrozos.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería precisó que ninguna ONG ni ningún particular han formulado denuncia formal ante la Guardia Civil o la Subdelegación sobre los hechos, supuestamente ocurridas en la noche del pasado domingo. Asimismo indicó que, por el momento, los investigadores no tienen constancia de ningún parte de lesiones de ningún posible afectado ni tienen indicios de que se perpetraran las agresiones.
Las diligencias instruidas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número cuatro de El Ejido.
El pasado lunes la ONG 'Almería Acoge' y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) lamentaron los "dolorosos" incidentes en los asentamientos de 'Tierras de Almería', por parte de agentes que el presidente del primer colectivo, Juan Miralles, tildó como "elementos descontrolados" en el seno del Instituto Armado.
Según las ONG, el pasado domingo una patrulla de la Benemérita se presentó en el lugar y procedió a desalojar algunos de los inmuebles, donde causaron destrozos en el mobiliario e inhabilitaron las conexiones de luz y agua, además de intimidar a los moradores con una "violencia injustificada".
