ALMERÍA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La 'Plataforma por la Democratización de Sol y Arena' anunció que elevará recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que ha absuelto al ex presidente de la Comunidad de Regantes Pedro Mena y el administrador de la mercantil cordobesa 'Tecniriegos' de los delitos de estafa y contra la Hacienda Pública por un montante de 6,6 millones de euros en la ejecución de obras de mejora del sistema de regadíos del Campo de Dalías.
En rueda de prensa, el presidente del colectivo, Juan Romero, calificó de "inquietante" e "insulto a la inteligencia" el fallo del tribunal de la Sección Segunda que preside el magistrado Juan Ruiz Rico y al que reprocha que prime la credibilidad dada al ex presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) --que subvencionó un 40 por ciento de la obra-- Fernando Ciria, "cuya intervención en el proceso de adjudicación del proyecto fue puesta en duda por los propios servicios jurídicos de la administración" sobre el informe aportado a la causa por parte de la Cámara de Cuentas de Cuentas de Andalucía.
Romero resaltó, asimismo, que resulta preocupante que haya "quedado probado por peritos judiciales" que el proyecto de obra "estaba inflado en 6,6 millones de euros" y que la sentencia "lo atribuya al beneficio lícito del contratista y el redactor del proyecto" cuando --ahonda-- "es una estafa y así lo seguiremos llamando en el recurso de casación que interpondremos ante el TS".
El tribunal presidido por el magistrado Juan Ruiz Rico, según se desgrana en el fallo, no ve acreditado "plenamente" que Mena, de 70 años, y Penichet alcanzar un acuerdo previo para elegir "de forma expresa" material para ejecutar la actuación y obtener al tiempo un "beneficio ilícito a través de un presupuesto notablemente superior y desproporcionado con el coste real".
En los mismos términos se refiere al presunto "incumplimiento" de los principios de publicidad y concurrencia exigidos en las condiciones específicas del contrato suscrito con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) para obtener una subvención del 40 por ciento del presupuesto de la obra como tampoco considera acreditado que el pliego de condiciones impusiese "condiciones favorables" a la mercantil administrada por Penichet.
Desacredita, asimismo, cualquier prueba de que ambos hubiesen facturado importantes cantidades para construir un embalse regulador del sistema de tuberías en perjuicio de los comuneros y cree que no se desprende de las pruebas practicadas durante el juicio que el presupuesto de la actuación "hubiera sido confeccionado de común acuerdo por un importe final notoriamente desproporcionado en relación al importe real de las obras".
El IARA subvencionó las obras con 7,3 millones de euros para la primera fase y con 2,9 millones de euros la segunda. Según el fiscal, el perjuicio sufrido por Sol y Arena se cifraba en 5,1 millones de euros, mientras que la cantidad defraudada a la Junta era de 3,4 millones de euros.
