Ayuntamiento de Cantoria acata la demolición de las viviendas pero ve "ensañamiento y maltrato" de la Junta

Actualizado 08/12/2014 0:38:05 CET

No paralizará el derribo como hace un año

ALMERÍA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cantoria (Almería) ha trasladado que acata la ejecución de la demolición de las dos viviendas en el paraje Las Terreras propiedad de ciudadanos británicos y que no se va a oponer la actuación programada para el próximo día 18 como ya hizo hace un año con la apertura de un expediente administrativo sancionador contra la Junta por el derribo otras dos edificaciones en esas mismas fechas y construidas por el mismo promotor.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que "respetan" la decisión en cumplimiento de una providencia de la Audiencia Provincial de Almería que insta a cumplir los términos de la sentencia por la que resultó inhabilitado y condenado a cárcel el exalcalde Pedro Llamas aunque han criticado "el ensañamiento" del Gobierno andaluz con este término municipal.

"No se acierta a entender el porqué de que se tomen tanto interés en Cantoria cuando hay decenas de causas con orden de derribo en otros términos municipales que no se ejecutan por parte de la Junta", han trasladado para señalar lo que consideran "un maltrato sin sentido".

Las mismas fuentes, que han reiterado el "respeto a las resoluciones judiciales", han tildado de "cínica" la postura de la Junta, que "ahora contradice con hechos lo que dice con decretos" y han lamentado la situación generada.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cantoria revoco tres semanas después la orden de paralización del derribo en octubre de 2013 después de la Junta andaluza pusiese en conocimiento de la Fiscalía de Almería la decisión para la "depuración de las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido las autoridades locales y las personas implicadas en dichos hechos". La causa, judicializada, se archivó finalmente en instrucción.

Según apuntaron en su momento fuentes municipales, la paralización respondía a que en el Consistorio no constaba la existencia de un "documento técnico de derribo" que garantizara la "seguridad" de operarios y transeúntes ni una "declaración de innecesariedad de licencia" municipal para esta actuación.

Desde el Ayuntamiento de Cantoria sostuvieron, asimismo, para justificar la orden de Alcaldía de incoar expediente que, en el caso de las dos edificaciones que ya no estaban en pie, "no se sabía si existían o no documentos técnicos de derribo remitidos" al Consistorio "ni tampoco, por tanto, si estaban conformes o no a la normativa vigente".

La sentencia de la Sección Segunda que ordenó la demolición de estas cuatro viviendas, en el marco de un proceso penal que llevó a la condena a prisión e inhabilitación al exalcalde Pedro Llamas, entre otros, dictaminó que el promotor de su construcción en suelo no urbanizable debía indemnizar a tres de los matrimonios perjudicados con la cuantía del precio pagado y gastos satisfechos por la compra de la vivienda. Los cuartos perjudicados anunciaron que iban a emprender la vía civil.

Remarcó, asimismo, el tribunal que todos ellos adquirieron sus viviendas residenciales unifamiliares mediante contratos privados que fueron elevados a escritura pública en 2004 y que lo hicieron "desconociendo la situación de las viviendas" en materia urbanística.

La notificación remitida al Ayuntamiento de Cantoria, consultada por Europa Press, fija para el día 18 de noviembre, a las 12,00 horas, la demolición de los inmuebles, y cita al Consistorio a una reunión previa para coordinar la actuación.

En esta, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunica que da cumplimiento a una providencia de 2 de julio de 2014 de la Audiencia que "interesa de forma expresa" que se "proceda a ejecutar la demolición, o en su defecto, comunique al tribunal las causas que lo impiden".

Los propietarios de las viviendas no han recibido aún ningún tipo de indemnización, por lo que tres de las familias residen actualmente en Reino Unido, "donde viven de alquiler", mientras que una cuarta permanece en España.