ALMERÍA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fiscal delegado de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Almería, Alejandro Velasco, ha considerado que la Policía Nacional requiere de "muchos más medios" para poder abordar la situación derivada del rescate de pateras que llegan a la provincia, que ha ido en aumento durante los últimos años mientras que las plantillas prácticamente se han mantenido.
"No es lo mismo realizar cuatro devoluciones que doscientas", ha apuntado el fiscal en una entrevista con Europa Press, en la que ha señalado que además del Área de Extranjería también se implica en la actividad a una buena cantidad de efectivos de Seguridad Ciudadana para efectuar los traslados a dependencias judiciales y realizar custodias, con lo que "dejan de hacer otra cosa".
Velasco, quien ha incidido en que el mismo problema se da en la plantilla de la Fiscalía puesto que prácticamente se tienen "los mismos funcionarios que hace 20 años", ha apuntado las labores que realizan los agentes en los módulos de recepción instalados en el puerto pesquero de Almería, donde "la Policía está haciendo funciones no solo policiales, sino también de asistencia".
Aunque ha considerado que la infraestructura existente cumple su función para atender a los inmigrantes "de una manera muy provisional", ha advertido el "movimiento" que se da en este espacio, desde el que se efectúan desplazamientos hasta la Ciudad de Justicia ya que el sistema de videoconferencia que se instaló para que los inmigrantes pudieran prestar declaración sin desplazarse "funciona a veces y otras veces no", de modo que algún juzgado ha optado incluso por desplazarse en comitiva hasta estas instalaciones para realizar las correspondientes actuaciones durante sus guardias.
"No solo el desplazamiento supone un problema, también lo es el control, porque no dejan de ser módulos provisionales con 100 o 120 personas encerradas", ha apostillado el fiscal, quien recuerda que a este espacio también acuden miembros de Cruz Roja o letrados en ejercicio de su profesión, para lo que el emplazamiento carece de "determinados servicios" aunque sí reúna "unos requisitos muy mínimos".
En este sentido, y ante los casos detectados de posibles casos de enfermedades infecto-contagiosos, Velasco ha apuntado que a pesar de la labor de las ONG, la exploración médica que se realiza es "muy primaria", sobre personas que "a veces llegan en condiciones malas, con cansancio y falta de agua", por lo que pueden darse casos de difícil detección en una primera fase. "Son instalaciones muy provisionales", ha insistido.
PRUEBAS PARA DETERMINAR DE MENORES
Una de las labores que durante los últimos meses ha ocupado también la labor de la Fiscalía y de los agentes ha sido la realización de pruebas para la determinación de la edad de las personas llegadas en patera, que se autorizan por parte de la Fiscalía de Menores bajo el consentimiento del ciudadano extranjero, de forma que si son mayores de edad, se incoa expediente de devolución mientras que los menores pasan a centros de emergencia.
Así, en lo que va de año se han practicado un total de 409 pruebas oseométricas, con las que se determina la posibilidad de que el afectado sea menor de edad. De ellas, 185 han determinado que el inmigrante es menor mientras que el resto son mayores, aunque las mismas no son exactas sino que tienen un margen de error, con lo que siempre se atiende el resultado más favorable al solicitante de cara a la protección de supuestos menores.
"Antes de vez en cuando alguien decía que era menor, pero ahora es muy recurrente porque saben que tienen mayores posibilidades de quedarse en España", ha detallado Velasco, quien en esta línea también ha detallado que se recurren internamientos en centros de extranjeros, aunque también ha reconocido que la llegada de menores objetivos en patera también se ha incrementado de forma proporcional. No obstante, la tendencia actual pasa por solicitar pruebas más precisas que también son más costosas.
Según los datos que maneja la Fiscalía, durante el pasado año se realizaron un total de 668 diligencias de prueba para determinar la edad de posibles menores que manifestaron tal condición a su llegada, de las que 404 dieron resultado negativo --correspondían a mayores de edad-- y 260 determinaron la existencia de mayores. Cuatro de las diligencias no permitieron concretar la edad.
