ALMERÍA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La fiscal ha mantenido este jueves la petición de cuatro años de cárcel para la exdocente de la Universidad de Almería (UAL) que falseó presuntamente las notas de seis alumnas que habían aprobado su asignatura aunque ha retirado la acusación por uno de los seis delitos de coacciones que se le imputaba después de que una de las afectadas negase durante el juicio haberse sentido presionada para firmar un escrito de rectificación a la que había suscrito previamente contra la exprofesora junto a un centenar de compañeros y en la que se pedía su despido.
I.M.P.R., quien en su declaración ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería justificó haber cambiado de aprobado a suspenso las calificaciones de las alumnas debido a la "actitud negativa" que había mostrado hacía la asignatura al firmar la queja, se enfrenta, así, además de a la pena de prisión, a una pena de 20 meses de multa a razón de 12 euros al día por cada uno de los cinco delitos de coacciones.
En la última sesión de la vista oral, el Ministerio Público ha considerado probado que la acusada incurrió en falsedad en documento público al modificar el acta provisional de notas. Una perito de la defensa reconoció ante la sala a preguntas de la fiscal que esta y el acta definitiva de calificaciones "son un mismo documento" pese a que en un primer momento restó valor oficial al primer escrito, que recogía los presuntos falsos suspensos de las alumnas.
Por otro lado, cinco de estas seis estudiantes declararon que se habían sentido "coaccionadas" por I.M.P.R. para firmar un escrito de rectificación a la que queja y que entendieron que, si no lo hacían, no iban a poder "recuperar" sus verdaderas calificaciones que oscilaban entre los cinco y los nueve puntos.
Las principales testigos de la causa coincidieron, asimismo, en señalar que fueron "conscientes" de que se les había suspendido por firmar la denuncia en el que se pedía el despido de la acusada y todas, a excepción de una, afirmaron que les dijo durante una tutoría individualizada que si se retractaban "nos aprobaba".
Durante el trámite de informes, tras el que el juicio ha quedado visto para sentencia, el abogado que ejerce la defensa de la exprofesora ha solicitado la libre absolución de su patrocinada. Durante la vista, la defensa argumentó que I.M.P.R. podría haber sido víctima de una persecución por parte del estamento universitario, tesis que avaló otro de sus peritos que aseguró la exdocente actuó "condicionada" por un entorno laboral "hostil" ante el que se sentía "desamparada".
I.M.P.R. resaltó durante su testimonio que a "una persona no se le puede hacer eso que me hicieron", en alusión al escrito de queja y lamentó que no le "dijeron nada". "No me comunicaron que tenían problemas y había otras vías para hacerlo. No me dieron opción", afirmó.
Relató que, durante las tutorías que de manera individual mantuvo con las afectadas les dio "la opción de que, si querían, podían reflejar lo que me habían contado en un escrito de su puño y letra ya que me habían abierto un expediente". "No creo que se sintieran coaccionadas. Las aprobé porque al hablar con ellas comprobé que no había intencionalidad en dañarme. Valoré en este caso su actitud positiva", concluyó.
RELATO FISCAL
Según recoge el escrito de acusación, I.M.P.R. era en los años 2006 y 2007 profesora asociada del Área de Enfermería de la UAL, en concreto, en la asignatura de Metodología del Cuidado del tercer curso de la diplomatura. A finales de 2006, presentó una baja administrativa médica por enfermedad y fue sustituida temporalmente por otro profesor contratado.
En esas fechas, un total de 106 estudiantes firmaron un escrito de queja contra ella por actitudes en su condición de profesora y lo presentaron en el departamento que tiene las competencias en el campus de La Cañada. A continuación, se le dio traslado y presentó el escrito de descargo en febrero de 2007.
Mientras, el profesor contratado para sustituirla continuó con el programa de la materia y examinó a los alumnos en la convocatoria de enero. Según se reflejó en el listado de notas provisional, las seis alumnas afectadas por el comportamiento presuntamente irregular de I.M.P.R. obtuvieron, en su mayoría, aprobado mientras que una de ellas fue calificada con un sobresaliente. Remarca en esta línea el fiscal que el cambio "no respondió a ninguna razón de tipo académico" pero que sí que afectó a alumnas que habían suscrito la queja.
