ALMERÍA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El sindicato SOC-MRA inició hoy en Almería una campaña de recogida de firmas en contra del proyecto de directiva europea para la expulsión de inmigrantes ilegales --denominada de la "vergüenza"-- que, a su juicio, endurece "aún más" la situación de trabajadores en los 27 países de la UE, "a la que la sociedad ya no puede seguir dando la espalda".
En declaraciones a los periodistas durante un acto de protesta frente a la Subdelegación del Gobierno central, el portavoz de la organización, Fernando Pacheco, subrayó la necesidad de que la ciudadanía "tome conciencia" de "la vergüenza" que supone la propuesta a debate para armonizar la legislación de inmigración europea y de la que deriva --ahondó-- "una servidumbre agravada ya por la contratación en origen".
La campaña, que se extenderá a las ocho provincias andaluzas aunque con mayor difusión y presencia en Almería y Huelva, incluye concentraciones cada dos semanas a las puertas de las sedes del Gobierno central en cada una de las capitales, en las que se exigirá, asimismo, una norma que permita revocar la orden de expulsión dictada contra extranjeros con más de tres años de arraigo en el país.
Según reveló Pacheco, sólo en el término municipal de Níjar (Almería) hay constancia de medio millar de ciudadanos subsaharianos procedentes de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) de Canarias que están "imposibilitados" para regularizar su situación "debido a que sobre ellos pesa un procedimiento pese a que desempeñan un trabajo y desarrollan una vida normal".
Al hilo de esto, lamentó la "doble servidumbre" que genera esta "contradicción de la Administración" ya que el inmigrantes "está a expensas de la voluntad del empresario o de que la Policía Nacional haga efectiva esa orden sin posibilidad de defensa al no reconocerse sus derechos".
Pacheco señaló también que la "única manera de estabilizar a la población extranjera trabajadores" pasa por crear no sólo en el campo, sino también en la construcción o la hostelería "condiciones sociales dignas" que, a su juicio, no garantiza la contratación en origen adoptada por el Ejecutivo central.
Al contrario, según subraya, "sólo trae más explotación y debilidad frente a la patronal" por lo que urgió a eliminar del modelo "los despidos durante los periodos de prueba" y a incorporar medidas que fijen jornales suficientes y estables como "contratos fijos discontinuos y permisos anuales de residencia renovables para que puedan traer a sus familias".
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