ALMERÍA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores de la subasta de la comercializadora y distribuidora de productos hortofrutícolas Agroponiente han avanzado su intención de acudir a la huelga ante un posible cambio en sus condiciones laborales después de que en el último año, según han defendido, hayan perdido horas de libranza y el control sobre el número de kilos que mueven durante la jornada y que marca su salario.
Fuentes del sindicato CCOO han explicado a Europa Press que la empresa y la parte social van a reunirse este martes a través del servicio extrajudicial de conflictos laborales de Andalucía (Sercla) a fin de intentar llegar a un acuerdo con el que evitar el paro laboral prefijado para el día 20 de diciembre y que, en la práctica, supondría impedimentos para ingresar género en la alhóndiga.
El conflicto, que afecta a unos 25 trabajadores, se basa en el mantenimiento de las condiciones laborales de esta parte de la plantilla, que se rige por un convenio que data de 1999 mediante el cual su salario se fija a razón de número de kilos movidos de forma diaria y del tipo de producto que se almacena, lo que les lleva a percibir salarios que están por encima de la media en el sector de la industria auxiliar.
"Es un trabajo duro y penoso", han asegurado desde la organización sindical, donde han incidido en la labor de estos empleados consistente en la descarga y ratificación de los productos en almacén para su subasta y venta. "A razón de kilo movido según sea tomate o berenjena u otro producto, al final de mes se cobra una cierta cantidad", han explicado.
Frente a esto, han advertido de intentos por parte de la empresa de imponer una "modificación sustancial" de las condiciones para el desarrollo de una jornada delimitada por un horario con un sueldo fijo al mes, que supondría en torno a un tercio del salario actual, "para hacer lo mismo". Asimismo, han trasladado sus sospechas sobre la intención de la comercializadora de prescindir de estos mozos.
Desde CCOO han apuntado además que el cambio de condiciones se produce tras una denuncia interpuesta por el sindicato ante la Inspección de Trabajo que detectó un fraude de ley en la contratación, lo que determinó un cambio para hacer empleados fijos a estos trabajadores con remuneración de las vacaciones y paga extra, según la versión sindical.
