ALMERÍA 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este martes el juicio a J.L.F.G. y a J.M.E.R., acuados de un presunto delito de estafa continuada para los que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión a cada uno y multa de diez euros a razón de 18 euros diarios por supuestamente estafar a una multinacional de la piedra natural más de medio millón de euros.
El Ministerio Público considera acreditado que prolongaron sus prácticas presuntamente fraudulentas durante dos años entre 2005 y 2007, según el escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press.
El mismo recoge que J.L.F.F. estuvo desarrollando la función de responsable de mantenimiento en una mercantil dedicada a la elaboración y distribución de la piedra natural.
Señala que, entre sus cometidos, estaba el proponer la organización del mantenimiento necesario en la fábrica, coordinar la planificación del mismo y supervisar su cumplimiento, definir los requisitos para peticiones de oferta para los diferentes contratos, coordinar y supervisar la actividad de las personas bajo su responsabilidad, así como establecer planes y procedimiento para el abastecimiento de material y equipos necesarios para el cumplimiento de su labor.
El fiscal indica que el coacusado, J.M.E.R., constituyó en 2004 una mercantil dedicada al mantenimiento y ciudadanos de instalaciones y máquinas, y que, entre los años 2005 y 2007, prestó servicios relacionados con su razón social para la multinacional de la piedra natural con esta y con una segunda de la que, igualmente, era representante legal.
Presuntamente, en ese contexto, ambos, "puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico defraudando", habría elaborado partes de trabajo "fraudulentos" emitidos a nombres de las entidades mercantiles de J.M.E.R., que eran supuestamente visados por J.L.F.G. y en los que facturaban trabajos que "no" realizaban, reflejaban "mayor número de horas de las que realmente llevadas a cabo" o "mayor número de trabajadores".
El Ministerio Público apunta a que, mediante este modo de operar, habrían facturado a un precio que oscilaban entre los 11 y los 20 euros la hora, dependiendo del trabajo realizado, 128.751 horas cuando las trabajadas habían sido 117.727 euros, o 113.183 horas cuando las trabajadas habían sido 92.465.
Según el cálculo registrado en el escrito, el beneficio económico que supuestamente obtuvieron asciende a 526.513,93 euros ya que las horas sobrefacturadas por los acusados ascenderían a 31.742.