Ley de Montes de Andalucía supera el debate de totalidad tras rechazarse enmienda del PSOE-A

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA), que "prepara al sector forestal para los retos del siglo XXI, adaptando la normativa autonómica a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres últimas décadas", ha superado este martes el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento tras rechazarse, con los votos del PP-A y Vox, la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE-A.

La enmienda ha contado con el apoyo de Grupo Mixto-Adelante Andalucía y con la abstención de Por Andalucía.

Una vez superado el debate de totalidad, el proyecto de ley proseguirá su tramitación en comisión parlamentaria, por el procedimiento de urgencia.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha manifestado durante la exposición del proyecto de ley ante el Pleno que esta nueva norma sustituirá a la vigente Ley Forestal de Andalucía de 1992, anterior incluso a la estatal de 2003, una diferencia temporal que "ha generado a lo largo de los años vacíos y duplicidades que era necesario corregir". La actualización responde también al mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que en su adecuación más reciente "subraya la urgencia de revisar en profundidad el marco normativo forestal andaluz".

El objetivo es "construir una legislación coherente, moderna y eficaz, que facilite la gestión sostenible de los montes y contribuya al desarrollo del medio rural", según sostiene la Junta, que a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha impulsado este texto tras un proceso participativo en el que han intervenido administraciones, entidades locales, asociaciones, colectivos profesionales y ciudadanía.

La futura Ley de Montes se estructura en siete títulos, con 144 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Su organización responde a un enfoque que "permite articular de manera coherente los diferentes ámbitos que integran la política forestal andaluza, reforzando su conexión con la normativa estatal y europea".

Entre las principales novedades del texto se encuentra la "modernización de la colaboración entre administraciones", de forma que la norma "consolida los convenios de cooperación entre la administración forestal autonómica y las entidades locales, garantizando la autonomía municipal y la corresponsabilidad en la gestión de los montes de titularidad local".

En el ámbito de la participación pública, se crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad, amplía sus funciones y "se adapta a las exigencias actuales de planificación, gestión y conservación".

El texto corrige además la peculiaridad introducida en 1992 con la creación del Catálogo de Montes de Andalucía, que ahora pasa a denominarse Registro de Montes Públicos de Andalucía. La nueva denominación, según la Junta, "evita confusiones y establece una distinción clara entre los montes de carácter demanial y los patrimoniales", cada uno con su régimen jurídico propio, según la Junta.

También se unifica el sistema de usos y aprovechamientos, así como las normas de deslinde y recuperación posesoria, y se determina que todos los montes de titularidad autonómica se incluyan en el registro, reforzando su protección y garantizando su preservación como patrimonio forestal de todos los andaluces.

La LEMA introduce la figura del monte protector para los terrenos privados, en consonancia con la legislación básica estatal. Este reconocimiento "permite incentivar la conservación de estos espacios mediante ayudas específicas y beneficios para sus titulares, fomentando una gestión más sostenible".

En cuanto a la enmienda a la totalidad del PSOE-A, señalaba que el proyecto de ley remitido "supone un retroceso normativo de enorme calado y constituye una oportunidad perdida para modernizar la legislación forestal andaluza y adecuarla a los desafíos actuales". Consideraba que el texto "se limita a reproducir de forma acrítica planteamientos de la Ley estatal, sin adaptarlos a las particularidades territoriales, ecológicas y socioeconómicas de Andalucía".

Una de las "principales preocupaciones", según el PSOE-A, que surge al analizar el proyecto de ley "es la urgencia con la que el Gobierno andaluz ha impulsado su tramitación": "En el contexto de final de legislatura, se percibe una presión por acelerar la aprobación de esta norma, reduciendo plazos y limitando el tiempo de debate parlamentario, una prisa que parece responder a una estrategia de agenda normativa que compromete la calidad del producto legislativo y la participación democrática".