TARIFA (CADIZ), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma para la Defensa del Medio y Desarrollo sostenible de la Zona del Almarchal y La Zarzuela, en Tarifa (Cádiz), y de Zahara de los Atunes, en Barbate, informó hoy que ha presentado la petición de una "reunión urgente" con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, según informaron a Europa Press fuentes de la Plataforma.
Los vecinos ven como una "amenaza" la instalación de nuevos parques eólicos en las zonas citada, por lo que quieren que Chaves conozca "el grado de indefensión en el que nos encontramos los núcleos de población representados".
La Plataforma considera que la instalación de más parques eólicos supone "una devastación del territorio y un grave retroceso para el desarrollo de los habitantes y zonas afectadas". Por ello, ya se han presentando alegaciones y recursos, solicitudes de información y de colaboración al Ayuntamiento de Tarifa, la Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta en Cádiz y ante la propia Consejería, aunque "a día de hoy no se ha recibido contestación ni colaboración señalada de estas instituciones que garanticen la representatividad de las mismas en lo reclamado".
La intención es llevar "de primera mano" al presidente de la Junta "el interés general de los habitantes de la zona y propietarios de terrenos afectados y solicitar una revisión en las actuaciones previstas, a modo de contribución de la esencia de una política enunciada como la defensa del territorio, desarrollo y bienestar de los pueblos y gentes de Andalucía".
Los vecinos afectados consideraron que existe una "sinrazón eólica instalada al día de hoy (y otras relativas a infraestructuras) que responde a objetivos meramente políticos dependientes de acuerdos internacionales y que no contemplan la realidad de afectación a los ciudadanos, que una vez sufren las causas de informes técnicos poco sensibles y equipos de gobiernos que no atienden las zonas rurales".
Para la Plataforma, "no se trata de buscar compensaciones económicas, ni cambiar molinos por carretera, sino evitar la hipoteca definitiva de un sector del pueblo andaluz que tiene los mismo derechos que el resto de los colectivos y ciudadanos y que hasta la fecha, lo único que se le ha ofrecido ha sido, seguir viéndose conminado al olvido".
Finalmente, indicaron que "tampoco se trata de parar el desarrollo de energías presuntamente alternativas, sino de la racionalidad de su distribución y un análisis más profundo que el realizado y que pudiera defender más intereses particulares, incluyendo los propios intereses de las empresas instaladoras y de ciertos propietarios propensos a mirar sus propios intereses por encima de los de la comunidad".
Andalucía
