CÁDIZ, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El responsable del área de Coordinación Política de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presidido una nueva sesión del Consejo Provincial de Participación Ciudadana, que ha acordado redactar un nuevo reglamento para poder tramitar con eficacia las demandas ciudadanas.
Según ha informado la Institución Provincial en una nota, a este foro asistieron representantes de los cuatro consejos territoriales (de la Sierra, La Janda, Bahía de Cádiz-campiña de Jerez y Campo de Gibraltar), así como diferentes colectivos sectoriales y portavoces de los grupos políticos representados en Diputación.
En el seno de esta sesión se ha acordado iniciar la actualización del Reglamento que rige el funcionamiento del Consejo Provincial de Participación Ciudadana. La norma en vigor data del año 2010 y, por tanto, se requiere adoptar nuevas pautas que confieran efectividad a este órgano. Por ejemplo, es necesario incorporar la validez de las redes sociales en la canalización de propuestas, así como concretar plazos de respuesta ante una reclamación ciudadana tal como ya se estipula en normas superiores como la ley de transparencia.
Así, se convocarán talleres por cada consejo territorial, con el propósito de aportar propuestas concretas de cada demarcación ante el nuevo reglamento.
Ruiz Boix ha manifestado que se trata de un cambio oportuno "para enriquecer el consejo" y ha estimado que la plasmación del nuevo reglamento necesitará unos seis meses de trabajo. Una vez formulado se elevará al Pleno para su aprobación inicial. A su vez, el texto se someterá a un periodo de exposición pública para recabar alegaciones y, finalmente, volverá al Pleno para su aprobación definitiva.
A la reunión del consejo también asistió el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Jesús Solís, al objeto de invitar a sus diferentes colectivos para que trasladen propuestas de gasto al Presupuesto de la Institución Provincial de 2018. En este sentido, los diferentes consejos territoriales podrán solicitar cobertura económica para sus respectivas demandas, siempre que se traten de asuntos que conciernan al marco de competencias de Diputación.
