ALGODONALES (CÁDIZ), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García (PSOE), ha firmado este miércoles convenios con ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales autónomas (ELA) de la provincia por un importe total de 300.000 euros, destinados a paliar la pobreza energética de los vecinos de estas poblaciones.
Según ha explicado la Diputación en una nota, en el Ayuntamiento de Algodonales se han reunido los representantes de 18 municipios de la Sierra de Cádiz y de Alcalá de los Gazules incluidos en este plan estratégico de la Diputación, en tanto que en el edificio Quinto Centenario de Paterna de Rivera han estado presentes los representantes municipales de este ayuntamiento, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia, San José del Valle, Vejer, Castellar, Jimena, Tarifa, Chipiona, Trebujena y de las once ELA, hasta sumar 40 pequeñas poblaciones.
La Diputación ha recordado que, "por primera vez en su historia", aprobó en Pleno el pasado mes de mayo un Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética, que contempla la firma de convenios de colaboración de los ayuntamientos y la Corporación Provincial con las comercializadoras; la puesta en marcha de líneas de formación en materia de eficiencia energética para los beneficiarios de ayudas, y la dotación de un fondo económico contra la pobreza energética, dedicado a evitar el corte de suministro de energía.
En referencia a este plan la presidenta ha señalado que se trata de un instrumento que "incide de manera esencial sobre una realidades de enorme trascendencia social, como es el desempleo y la garantía de un nivel digno de prestación de servicios esenciales, como son los suministros de energía. Al tiempo, es una manifestación de la prioridad que este Gobierno provincial ha concedido a dar respuesta a las principales demandas e inquietudes de los alcaldes de nuestros pueblos y de la sociedad gaditana en general, como es estar cerca de quienes más necesitan de lo público y de la implicación de las instituciones en su realidad social".
En relación con las empresas distribuidoras, que firmarán próximamente un convenio con la Diputación, estas se comprometen fundamentalmente a paralizar temporalmente el procedimiento de suspensión y, en su caso, reanudar el servicio en cuanto se comunique por parte de los profesionales de los asuntos sociales del ayuntamiento que el titular de la deuda es beneficiario de una ayuda.
Asimismo, éstas se comprometen a facilitar la forma de pago de manera que no se incurra en intereses de demora o similares. El ayuntamiento, por su parte, se comprometerá básicamente a estudiar los casos de los posibles beneficiarios de las ayudas, a comunicar a la empresa estos beneficiarios para evitar el corte de suministro y a hacer posteriormente efectiva la deuda en función de la ayuda obtenida para este fin.
Las ayudas económicas del plan se repartirán entre los municipios y núcleos de población de la provincia señalados anteriormente en virtud de su número de habitantes. Esas cantidades oscilan entre 3.000 y 15.000 euros para atender a una población total de casi 208.000 personas.
