CÁDIZ, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado por unanimidad dos iniciativas públicas que suman nueve millones de euros para los municipios de la provincia. Uno de los instrumentos resueltos es el Plan Provincial de Obras y Servicios, en el que se ha empleado una novedosa fórmula para recuperar actuaciones inconclusas y plantear un modelo que permita mayor agilidad en la ejecución de próximas ediciones.
En una nota, el responsable del área de Desarrollo Local de Diputación, Manuel Chacón, ha defendido la modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios. El objetivo de esta revisión consiste en sacar adelante, antes de que termine el año 2021, un centenar de actuaciones en infraestructuras y servicios públicos de más de 40 municipios.
Esta movilización de recursos, que supera los 5,9 millones de euros, permitirá un millar de empleos directos, según la argumentación expuesta al Pleno por parte de Manuel Chacón. Los 43 ayuntamientos destinatarios, tras aportar la documentación inherente a las obras, podrán recibir el 70% de la financiación antes de que finalice el presente 2020, y el 30% restante se librará en el próximo ejercicio, cuando se resuelva la ejecución y justificación de las actuaciones.
El responsable de Bienestar Social de Diputación, David de la Encina, ha expuesto el alcance de otra de las intervenciones respaldadas por el Pleno: el Plan Invierte Social Covid-19, con el que se transfieren tres millones de euros a los 45 municipios de la provincia de Cádiz.
De la Encina ha explicado que se trata del segundo programa de ayudas sociales extraordinarias aplicado por Diputación desde la declaración del Estado de Alarma. El Plan Invierte Social Covid-19 se nutre del superávit del presupuesto de Diputación de 2019, concretamente del 20% de dicho saldo, que puede dedicarse conforme a la legislación en vigor.
Asimismo, el diputado de Bienestar social ha señalado que este fondo permitirá compensar el desembolso asumido por los ayuntamientos en una diversidad de emergencias sobrevenidas: por adquisición de equipos de protección, atención a colectivos vulnerables o refuerzo del personal de servicios sociales comunitarios, por referir algunos ejemplos.
El vicepresidente segundo de Diputación y responsable del área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández, ha defendido dos propuestas que también recibieron la aprobación unánime del Pleno.
El primero de estos planteamientos fue la propuesta de acuerdo, con el Ayuntamiento de El Bosque, para la cesión de uso de la finca El Imperio. Este acuerdo ya fue validado por el citado ayuntamiento, titular de un bien en el que se podrán desarrollar programas de educación ambiental, agrícolas y ganaderos, según ha expuesto Mario Fernández. Se establece un plazo de cesión de 15 años que obliga a Diputación al pago de un canon anual de 40.000 euros.
Por otro lado, el vicepresidente segundo también ha logrado que prosperase la adhesión de la Diputación de Cádiz a la Red de Entidades Locales para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En el Pleno también se han dado a conocer índices y resultados que revelan la situación económica de Diputación, conforme a los datos liquidados de 2019. El responsable del área de Servicios Económicos, Juan Carlos Ruiz Boix, ha dado cuenta del cierre del anterior ejercicio "en el que se invirtieron más de 191 millones de euros en la provincia de Cádiz".
El grado de ejecución de los ingresos se cifra en un 75% y el de gastos en un 77%. Se alcanzó un superávit de 23,5 millones de euros, mientras que el remanente de tesorería para gastos generales superó los 44 millones.
La deuda viva (que mide la deuda pendiente en relación a los ingresos corrientes) se sitúa en un 33%, "setenta puntos menos que en el año 2015", según ha indicado Ruiz Boix, quien también ha apuntado que la inversión del año pasado superó el límite de la regla de gasto en cuatro millones de euros.
En esta línea, el diputado ha destacado el periodo medio de pago, que en diciembre de 2019 se situó en 19 días. Este dato evoluciona favorablemente en el actual 2020 y, de hecho, en abril se redujo hasta los 12 días.
Dos de las propuestas defendidas por el diputado de Servicios Económicos, de índole tributaria, han sido respaldadas por unanimidad: el convenio de recaudación con el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo y la encomienda aprobada por nueve ayuntamientos para que Diputación gestione sus sanciones administrativas. Así, se incorporan los ayuntamientos de Jerez, Los Barrios, Tarifa, Paterna, Medina, Grazalema, Arcos, Bornos y Alcalá del Valle.
La unanimidad se quebró en la propuesta sobre el cese de la actividad educativa en la Institución Provincial Gaditana. El diputado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, ha explicado las razones que obligan a Diputación a denunciar el convenio que se mantiene con la Junta de Andalucía para el sostenimiento de este centro.
Se trata de un acuerdo que no puede renovarse, según ha argumentado Moreno, por una convergencia de causas: por la Fundación Aramburu Moreno de Mora, propietaria de un bien del que reclama su reversión, y por imposibilidad jurídica, al carecer Diputación de competencia en materia educativa. "A esos factores se le suma la ausencia de respuesta por parte de la Junta, pese a las comunicaciones establecidas al respecto por Diputación".
La propuesta de cese de actividad en este centro obtuvo el respaldo de PSOE y La Línea 100%, y los votos en contra de PP, Adelante Cádiz, IU, Cs y Andalucía por Sí.
En el capítulo de proposiciones, se han aprobado cinco de la siete sometidas a votación, en su mayoría relacionadas con políticas sociales. Un asunto que ha acaparado gran parte del debate, con tres mociones presentadas por los grupos Andalucía por Sí, Cs y PP, aludía al uso de superávits de las administraciones locales y la flexibilización de la regla de gasto para paliar consecuencias de la pandemia.
Sólo ha sido aprobada, por unanimidad, la propuesta de Andalucía por Sí, que solicita "exigir al Gobierno de España el uso del remanente de tesorería de 2019 en aquello que los gobiernos municipales consideren necesario para la lucha contra los efectos del Covid-19, apoyar la posibilidad de ampliación provisional de las competencias municipales y dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, a la FEMP y a la FAMP".
La proposición del grupo IU, relativa a la renta mínima de inserción, ha sido apoyada por todos los grupos, excepto La Línea 100 por 100, el grupo Popular y Ciudadanos, que se han abstenido. En la misma se solicita que la Junta apruebe todas las solicitudes pendientes a 31 de enero de 2020 de estas coberturas, considerando a todas las familias en emergencia social y que se agilice el pago de estas ayudas.
Además, se ha aprobado la moción de La Línea 100 por 100, que insta a la Junta a la readmisión de profesionales de la limpieza. Se refiere a mujeres de más de 45 años y que han trabajado durante los últimos 25 años en la Escuela Infantil Atunara y Rocío Jurado de Chipiona, así como a otras en situación analógica, cumpliendo las diferentes sentencias al respecto ya dictadas.
Por su parte, Adelante Cádiz ha propuesto la elaboración por parte de la Diputación de un plan integral para paliar los efectos del Covid-19, que se ha aprobado por unanimidad, si bien desde el grupo Socialista, la diputada Ana Carrera ha explicado que muchas de estas acciones ya se están llevando a cabo.
Por último, el Pleno ha apoyado la moción del grupo Socialista en torno a la medida de la Junta de Andalucía de las 'tarjetas monedero'. Se ha pedido retirar y reformular el proyecto y reforzar el sistema público de servicios sociales.
