Actualizado 23/06/2021 18:46 CET

El Pleno de Diputación aprueba todas las propuestas destinadas directamente a la provincia

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, durante el Pleno de la Diputación.
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, durante el Pleno de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se ha celebrado el Pleno de la Diputación de Cádiz, donde los acuerdos han sido la nota predominante del bloque de mociones presentadas por los grupos políticos, prosperando ocho de diez. Así, se han aprobado todas las medidas excepto las que Cs y el PP han coincidido en presentar sobre los indultos del Gobierno a los condenados por el Procés catalán, por lo que todas las propuestas referentes a asuntos directamente ligadas al territorio provincial han alcanzado la mayoría o la unanimidad.

Según ha informado la Diputación en una nota, el bloque de propuestas presentadas por los partidos políticos se ha iniciado con una declaración institucional en apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, con motivo del 28 de junio, fecha en que se celebra el Día del Orgullo.

Esta declaración alude a la necesidad de defender "los derechos humanos de las personas LGTBI frente a quienes pretenden extender su odio y ponen en riesgo libertades fundamentales que sostienen una sociedad democrática" y señala que "la mejor forma de combatir el odio es blindar los derechos y libertades sexuales, convertirlos en una realidad día a día, visibilizando, denunciando, organizando, actuando y reivindicando, ganando espacios, conquistando y ampliando derechos".

Cabe destacar que la mitad de las mociones aprobadas, cuatro de ocho, afectan de modo específico al Campo de Gibraltar, más otras tres que tienen repercusión en el conjunto de la provincia. Así, el PSOE ha defendido una sobre energías renovables, en la que se solicita un cambio en la ubicación de las estaciones subeléctricas y el trazado de las líneas de evacuación de fotovoltaicas, especialmente en la zona de Castellar de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Jimena de la Frontera que "perjudican a las propiedades agrícolas, para evitar en lo posible expropiaciones que amenacen los empleos".

Por ello, se ha solicitado al Gobierno una suspensión de los trámites administrativos de proyectos de energías renovables por plantas fotovoltaicas "hasta que no entre en vigor y se desarrolle debidamente el 'Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética'" y se ha instado a la Junta a "la suspensión o moratoria de los trámites administrativos de proyectos de energías renovables por plantas fotovoltaicas, hasta que no esté aprobado el Plan Andaluz de Acción por el Clima".

Además, el acuerdo final incluye una enmienda de Adelante Cádiz referente a los ayuntamientos para que "suspendan temporalmente la tramitación de licencias para usos y obras de instalaciones de parques fotovoltaicos hasta la aprobación de una normativa".

Por otro lado, Adelante Cádiz ha presentado otra moción en la que se ha solicitado "la dotación de más y mejores medios materiales y personales para los juzgados de esta comarca". La moción alude a "la centralización de la actividad de los casos de violencia de género en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras, lo que obliga a las mujeres víctimas de violencia a trasladarse para que sean tratados sus casos, en un momento en que se ha producido un repunte de los asesinatos machistas".

En este sentido, la propuesta solicita "más medios pero también restablecer las competencias en esta materia en los juzgados de La Línea y San Roque tanto a la Junta como al Gobierno".

Además, La Línea 100x100 ha presentado otra propuesta referente a los útiles prehistóricos decomisados en La Línea durante la operación 'Arrow', depositados en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. La moción defiende que, tras un primer análisis, "se trasladen a las dependencias vinculadas al Museo Municipal Cruz Herrera de La Línea de la Concepción" y así se lo pide a la Junta en una propuesta que ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos menos el de Cs y el PP, que se han abstenido.

La cuarta moción referente al Campo de Gibraltar ha sido presentada por el PP y ha tratado acerca de la cancelación, por segundo año consecutivo, de la Operación Paso del Estrecho, con el fin de paliar las consecuencias económicas que supone. Por ello se ha instado al Gobierno "a establecer las líneas de ayudas económicas y beneficios fiscales a los sectores afectados", aprobándose con la abstención del PSOE y con enmiendas de Adelante Cádiz y de AxSí.

Por otra parte, todos los grupos han secundado la proposición del AxSí favorable a la Declaración de Interés Público de la Playa de La Casería, "para evitar de este modo el derribo de las construcciones de este enclave de San Fernando", por lo que se ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Junta "informes favorables en este sentido".

Otra moción ha tratado las infraestructuras hidráulicas y depuración de aguas residuales, que ha sido presentada por Adelante Cádiz y ha prosperado por unanimidad, si bien ha tenido sendas enmiendas del PSOE y del PP.

En ella se insta al Gobierno y a la Junta a "establecer un programa de financiación para realizar los proyectos pendientes en la provincia, priorizando en las estaciones de depuración, EDAR, con concentraciones de residuos muy superiores a los límites permitidos o que necesitan mejoras". También se solicita "el desarrollo de planes estratégicos para el tratamiento de residuos".

Por último, se ha alcanzado la unanimidad con la proposición del PSOE de sumarse a las demandas del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Andalucía; las federaciones FEGADI, FEPROAMI; y las cuatro patronales del sector, FAECTA CECUA, FADE y LARES Andalucía, que instan a la Junta "a cumplir con las necesidades de financiación de las entidades que atienden a personas mayores y con discapacidad".

Por ello, se insta a la Junta a "adaptar el coste por plaza a los costes reales que soportan las entidades que atienden a personas con discapacidad, así como las entidades de la atención residencial a personas mayores, teniendo en cuenta los incrementos de los gastos, que son más elevados que el 2,6% de subida ya aplicada". El acuerdo también solicita que la Junta "abone los pagos atrasados a las entidades que atienden a estos colectivos y que se establezca un nuevo plan de ayudas económicas".