CÁDIZ, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz ha asegurado que desde que se produjo el derrumbe de parte del Castillo de Matrera de Villamartín ha realizado una "exhaustiva investigación documental" en sus registros constatando que, desde que en el mes de mayo de 2011 tuvo conocimiento de su estado de conservación, se han efectuado más de una docena de diligencias, todas ellas dentro de las competencias que le otorga la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
De esta forma, según ha detallado a Europa Press fuentes de la mencionada delegación, en ese mismo mes de mayo se abrieron diligencias informativas a la entidad propietaria del inmueble (Urbi-Prado S.L), recordándoles los artículos 14 y 15 de la citada Ley respecto de las obligaciones de los titulares de los bienes integrantes del Patrimonio para su conservación, mantenimiento y custodia, así como que el incumplimiento de tales obligaciones pueda dar lugar a sanciones de hasta 100.000 euros.
Así, asegura que desde la fecha de esa primera diligencia, las gestiones --así como las comunicaciones con la propiedad-- se han ido sucediendo "sin pausa". Detallan que la propiedad encargó informe y redacción de proyecto, mientras los técnicos de la Consejería giraron visitas de inspección y redactaron un informe donde se indican las actuaciones por detallar de manera urgente, coste estimado y plazo de ejecución.
Asimismo, aseguran que en el segundo semestre de 2012, la propiedad entregó el proyecto de consolidación del Castillo que, tras un primer paso por la Comisión de Patrimonio, fue "objeto de correcciones" y aprobado posteriormente por resolución de la delegada territorial. En dicha resolución se recuerda a la propiedad que, al tratarse de una orden de ejecución, el plazo de las obras será de tres meses, de conformidad con el informe técnico. Con posterioridad, la titularidad presentó proyecto modificado, que fue de nuevo aprobado en una nueva resolución en la que se reiteraba que el plazo continuaba siendo de tres meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución aprobatoria.
Los esfuerzos realizados no se han visto, sin embargo, "respaldados por el Ayuntamiento de Villamartín"; según aseguran desde la Junta, que sostiene que el Consistorio "ha dilatado la expedición de la licencia de obras solicitada por el titular del inmueble". Habiendo esta presentado una primera solicitud y una segunda, argumentan que la propiedad se dirige a la delegación territorial el 12 de abril solicitando la ampliación de los plazos de ejecución de las obras de consolidación, que "había resultado imposible de comenzar al no haber recibido por parte de la corporación local la pertinente licencia".
Desde la delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte han subrayado que "se echa en falta la diligencia que se le supone a la Administración local, en este caso el ayuntamiento de Villamartín, que si, como manifiesta, tenía conocimiento del peligro de ruina del inmueble, podría haber actuado en defensa de ese patrimonio".
Por último, la Junta de Andalucía asevera que se reserva el derecho de tomar todas las medidas legales, tanto las sancionadoras como aquellas que obliguen a la restauración de la parte del BIC derrumbada.
