SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sólo el 16,4 por ciento de las empresas andaluzas toma medidas que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal, según el estudio de Sigma Data Security sobre cumplimiento de la normativa de protección de datos en las empresas españolas.

En una nota, esta empresa indica que "la obligación legal que tienen las empresas de adoptar medidas de índole técnica y organizativas que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado es, hoy por hoy, una utopía en las empresas españolas, en general, y en la andaluza, en particular, como muestra el estudio elaborado por Sigma Data Security Consulting sobre cumplimiento de la normativa de protección de datos en las empresas españolas".

Según el mencionado informe de 2010, "sólo el 16,4 por ciento de las compañías de Andalucía toma medidas al respecto", una cifra que pone de manifiesto que "el nivel de cumplimiento de este aspecto, recogido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos es ligeramente inferior a la de las empresas que han inscrito sus ficheros en el Registro General de Protección de datos (17,8 por ciento)".

Por provincias, destacan Granada (25,4 por ciento) y Jaén (23,4 por ciento) como las provincias andaluzas que más cumplen con el cumplimiento de la obligación de inscripción en el registro. En el polo opuesto, Sevilla y Huelva, con un 14,6 por ciento y un 15,1 por ciento, respectivamente.

La empresa indica que "a nivel nacional, la situación se repite, pues el 19,30 por ciento de las empresas declara la existencia de sus ficheros pero sólo el 17,8 por ciento lo dota de medidas de seguridad, lo que implica que un cierto número de empresas, conscientes de que tienen obligaciones en materia de protección de datos, se limitan a cumplir la parte 'más visible' de éstas sin realizar un verdadero trabajo de adaptación".

La falta de información que hay todavía en la materia es el principal argumento con el que justifican las empresas su posición en este tema "a pesar de que las sanciones por incumplimiento de la ley, que pueden llegar hasta los 600.000 euros, se incrementaron el pasado año en un 58 por ciento". Agrega que el hecho de que entre las sanciones se encuentren infracciones por el hallazgo de documentos confidenciales en la vía pública "revela la escasa concienciación que existe entre las empresas de la importancia de la destrucción de documentos".