SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 70 por ciento de los registros municipales de demandantes de VPO valorados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio seleccionará a los futuros adjudicatarios de inmuebles protegidos mediante el sistema de baremación, lo que implica que se implantará en 448 de los 640 municipios informados.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, señaló en comparecencia parlamentaria que la baremación elimina "la arbitrariedad derivada de los sorteos indiscriminados y establece la clasificación y el orden de los demandantes en función de la puntuación obtenida en los diferentes indicadores que miden la demanda, como los niveles de ingresos, la composición familiar, las necesidades de vivienda, la vinculación laboral o la antigüedad en el padrón".

En ese sentido, el titular de Vivienda matizó que en todos estos aspectos la baremación permite priorizar a los colectivos con más dificultades, otorgando una mayor puntuación a los niveles de ingresos más bajos o a las composiciones familiares numerosas, a lo que añadió que "en muchos registros se tiene en cuenta, incluso, situaciones socioeconómicas especiales, como es el caso de familias en proceso de desahucio o en cohabitación con otras unidades familiares".

Por su parte, la modalidad del sorteo, aunque en una versión más ordenada conforme a las preferencias y al perfil de los propios ciudadanos, ha sido elegida en el 20 por ciento de los casos, es decir, en 122 ayuntamientos andaluces, mientras que el criterio de antigüedad de inscripción en el registro se mantendrá en algo más del diez por ciento, lo que equivale a un total de 70 localidades.

Espadas hizo balance además del proceso de aprobación municipal de los registros, considerados como una herramienta clave de la recién aprobada Ley del Derecho a la Vivienda para conocer las necesidades de VPO en cada municipio de la comunidad. Hasta el momento, un total de 713 ayuntamientos andaluces ya han aprobado inicialmente en Pleno las bases reguladoras de sus registros municipales de demandantes de vivienda protegida. La suma total de estos municipios, entre los que se encuentran las ocho capitales de provincia y la mayoría de las ciudades grandes y medias de Andalucía, permite alcanzar al 95,8 por ciento de la población andaluza.

Espadas explicó que el grueso de estas aprobaciones iniciales tuvo lugar a finales del pasado año, por lo que es ahora, en los primeros meses de este 2010, cuando los consistorios están dando el visto bueno de forma definitiva a sus documentos. En este proceso se está empleando un periodo medio de unos dos o tres meses.

No obstante, antes de ser aprobadas definitivamente, las ordenanzas han de contar con la valoración de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que hasta la fecha ya ha emitido informe de un total de 640, el 90 por ciento de las ordenanzas que han pasado inicialmente por pleno municipal. De ellas, 390 han recibido una valoración favorable, mientras que las restantes (250) han sido informadas con observaciones o de forma desfavorable, por lo que los ayuntamientos deberán incluir las correcciones.

El consejero de Vivienda matizó que el registro municipal de demandantes de vivienda protegida supondrá "abandonar las estadísticas para poner a todas las administraciones cara a cara con la realidad, con la obligación de cambiarla en función de las necesidades de los ciudadanos".

A esto añadió que "dicha herramienta permitirá que nunca más sea el mercado el que determine cuántas viviendas asequibles, dónde o a qué precio se construyen". En ese sentido, también incidió en que "la puesta en funcionamiento de los registros y los planes municipales de vivienda posibilitarán el acercamiento a ese objetivo de dotar a los andaluces de una oferta de vivienda a precio asequible suficiente que responda fielmente en niveles de renta, ubicación, características o tipologías a la demanda de los propios ciudadanos".

Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez consideró que "la Junta durante muchos años ha hecho una política alejada a los objetivos sociales" y pidió conocer cuántas viviendas ha aprobado la Junta destinadas a capas de riesgo de exclusión.

"La Junta no ha hecho una política activa en esta materia, no ha puesto el punto de mira en este tipo de vivienda", subrayó la diputada del PP-A.

Asimismo, criticó la "autocomplacencia" del consejero en sus declaraciones y apuntó que "la falta de atención de la Junta sobre estas viviendas es un recorte social". De igual manera, afirmó que "se firman acuerdos con entidades financieras para sacar viviendas libres de stock, pero no dice que va a hacer con las capas de la población que no llegan al mínimo".