SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía detectó una serie de "deficiencias" en la contabilidad y procedimientos contratación en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) correspondiente al ejercicio 2007.

Según el informe de 'Fiscalización de regularidad del Ifapa' correspondiente a 2007, consultado por Europa Press, entre las conclusiones más importantes de este informe, destaca el hecho de existencia de "diferentes errores e incidencias" en los contratos realizados por administración con la Empresa Pública Estatal de Transformación Agraria SA (Tragsa), errores que "han imposibilitado poder concluir respecto a la tramitación y ejecución de expedientes".

Asimismo, apuntó que "hay muchos documentos, incluidos en el expediente, que no siguen el orden establecido para su tramitación y, en algunos de ellos, falta información o la que aportan no se adecua al régimen legal y reglamentario".

Agregó que en un 30 por ciento de los contratos menores analizados la factura es posterior a la aprobación del gasto y en un tres por ciento falta o es deficiente la documentación exigida por ley.

Además, el informe indicó que en varios expedientes, que corresponden a dos contratos de servicios -- por 13.916,38 euros y 30.409,27 euros, respectivamente-- y a uno de suministros por 18.368 euros, el objeto del contrato "ha sido fraccionado a fin de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación".

El informe apuntó una serie de "incumplimientos" respecto a las contrataciones del personal temporal, toda vez que "no se realizan evaluaciones anuales de la actividad desarrollada; se han formalizado contratos con categorías profesionales diferentes a las autorizadas; se incumplen los criterios y los límites cuantitativos establecidos en el convenio colectivo del personal laboral, para el cálculo y el pago del plus de transporte".

Agregó que los empleados eventuales --personal laboral adscrito al Régimen Especial Agrario-- "adquieren la condición de personal con carácter indefinido a través de recursos interpuestos ante los tribunales de justicia, lo que supone hacer frente a unos costes laborales superiores a los actuales, además de tener que pagar cantidades en concepto de diferencias salariales por los trabajos ya realizados".

La Cámara de Cuentas apuntó asimismo que "no hay coherencia entre los datos consignados en los diferentes documentos que contienen información relacionada con los resultados obtenidos, esto es, memoria de actividades, plan de inversiones incluido en la Cuenta General y herramienta informática", de manera que el plan de inversiones, aprobado para la Cuenta General, "incluye acciones que quedan fuera del ámbito de las actividades de investigación, como costes indirectos o apoyo a personal eventual, por un importe total de 284.579,78 euros".

Asimismo, en un 25 por ciento de la muestra seleccionada se han detectado errores en los importes registrados en el sistema de información.

En cuanto al seguimiento realizado a las actividades de investigación y formación, la Cámara de Cuentas apuntó una serie de "incidencias", como "facturas presentadas como justificación de los proyectos no conformadas por el director del centro, por importe de 21.834,50 euros".

Agregó que no existe una normativa que recoja el plazo de imputación de las facturas a los cursos, ni la elegibilidad de los gastos y precisó que, "en algunos casos, los gastos derivados de la actividad general del centro se imputan a los diferentes programas formativos, con independencia de si están o no asociados a los cursos".

Apuntó que se han detectado "numerosos errores y deficiencias" tanto en la ejecución como en las liquidaciones de justificación, de manera que existen "importes de las facturas presentadas superior al importe del presupuesto aprobado en resolución y del presupuesto transferido al centro; importe de la resolución aprobado diferente al del presupuesto transferido; imputación de facturas de comidas, aún cuando los cursos se imparten en media jornada; y gastos imputados a conceptos y a cursos que no corresponden".

La Cámara de Cuentas precisó que hay determinados gastos contabilizados en el capítulo VI, "mientras que su naturaleza es corriente y por tanto la imputación debiera ser en el capítulo II", en concreto 11.949 euros de reparación de albañilería, 3.608 euros de pintura de edificio, 999 euros de fontanería y 1.379 euros de gastos corrientes de electricidad.

Además, se han activado como mayor valor del inmovilizado inmaterial gastos cuyos conceptos "no gozan plenamente de las características que corresponden a esta categoría, por un importe total de 424.636,85 euros".

DEFICIENCIAS EN EL INMOVILIZADO

En cuanto al Capítulo VII 'Transferencias de Capital', la Cámara de Cuentas apuntó que "se incumple el plazo máximo regulado para la concesión y de justificación de la subvención concedida; en un 20 por ciento del total de la muestra analizada, los gastos justificados no alcanzan el importe aprobado de inversión subvencionable; y en algunos expedientes analizados no constan los documentos relativos a la situación de los beneficiarios respecto a sus obligaciones fiscales y del pago a la Seguridad Social, exigidos legalmente para el cobro de la ayuda".

En ese sentido, respecto a la justificación de los gastos de funcionamiento, en varios expedientes la documentación presentada incluye gastos cuya naturaleza "no se considera elegible o los conceptos no corresponden a la subvención concedida, y en otros expedientes hay determinadas facturas que al presentar deficiencias no se han dado como validas".

La Cámara de Cuentas explicó que los aspectos más significativos de las cuentas anuales están en relación con el inmovilizado y más concretamente, con el inmovilizado inmaterial cuyo volumen de gasto supone un 61,21 por ciento sobre el activo total, ante lo que apuntó una serie de "deficiencias", que "han impedido determinar el volumen total de gastos de los bienes incluidos en la rúbrica de inmovilizado".

Entre dichas deficiencias, el ente fiscalizador apuntó que "hay registros incorrectos de los elementos que componen el inmovilizado; existe un escaso control respecto a la correcta imputación de los gastos, los procedimientos contables en general y, en particular, de los de elaboración de las cuentas anuales; no están amortizando las partidas del inmovilizado material e inmaterial por lo que, tanto el balance como la cuenta de resultado económico-patrimonial, aparecen sobrevaloradas por el importe de la amortización acumulada; y falta un inventario físico y una clasificación contable que diferencie los gastos derivados de las actividades de investigación y desarrollo".