SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andaluza de Autónomos (CEAT-A) celebró hoy en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) su asamblea general de carácter anual, en la que se expuso la "gran preocupación" por la destrucción de empleo autónomo.
En un comunicado, CEAT-A destacó que a lo largo del año 2009, la Comunidad andaluza no ha sido ajena a la situación de crisis económica que ha afectado al resto de España y a las economías internacionales. De este modo, el colectivo de autónomos se ha visto especialmente afectado por al elevado aumento de la morosidad y la falta de recursos financieros.
En este sentido, apuntó que este descenso repercute "no sólo en la pérdida de negocios de empresarios autónomos andaluces, sino también en la empleabilidad de los trabajadores, y supone además una notable merma en la generación de riqueza propia de la actividad empresarial".
En concreto, el presidente de CEAT-Andalucía, Luis Miguel Escolar, lamentó este descenso de autónomos andaluces afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que en el mes de enero descendió en 4.277 autónomos menos. No obstante, el colectivo de empresarios autónomos andaluces continúa siendo el segundo más numeroso de España tras Cataluña. En este sentido, según los datos oficiales ofrecidos por la Seguridad Social, a 31 de enero de 2010 existen en Andalucía 469.944 autónomos, el 14,98 por ciento del total nacional.
Otro de los temas principales que se abordó en la asamblea general fue la valoración del borrador de la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, pues para Escolar es "destacable la rapidez con la que se ha concretado una de las medidas más importantes recogidas en el VII Acuerdo, como era la elaboración de este Anteproyecto de Ley. Ahora es más necesario que nunca, establecer medidas concretas que pongan en valor la capacidad empresarial de este importante colectivo".
Una reivindicación constante de la Federación Andaluza de Autónomos es conseguir una ley que recoja específicamente el compromiso de orientar las actuaciones de la Administración Pública a remover "los obstáculos y trabas administrativas que impiden el inicio y desarrollo de las actividades económicas y profesionales por cuenta propia y, sobre todo, la apuesta por la creación de un entorno que favorezca el nacimiento y consolidación de las iniciativas empresariales como medida imprescindible para el óptimo desarrollo de la Comunidad Autónoma".
Por otra parte, los autónomos valoraron la reducción del cinco por ciento para su tributación por módulos, régimen de estimación objetiva, que en un principio fue planteada por el Gobierno limitándose a un 2,5 por ciento. Dicha reducción final inició sus trámites el pasado mes de enero para aquellos empresarios autónomos que opten por realizar la declaración de la renta por el método de estimación objetiva.
El pasado ejercicio terminó con 3,2 millones de emprendedores afiliados al régimen especial de autónomos de la Seguridad Social. Estos empresarios autónomos pueden tributar de tres maneras: por módulos, estimación directa o por Impuesto de Sociedades. El primero de los sistemas es utilizado por cerca de un millón de empleados por cuenta propia.
BORRADOR DE LA ORDEN DE AYUDAS
Con respecto a las consideraciones al borrador de la Orden de ayudas al inicio de la actividad por cuenta propia y a la consolidación de las actividades, la asamblea ha ratificado las observaciones remitidas a la Consejería de Empleo.
Asimismo, Escolar destacó que "las ayudas deben dirigirse a las personas físicas, con independencia de la forma jurídica que el autónomo adopte para el desarrollo de la actividad, y que no se debería excluir de estas ayudas a aquellas personas que desarrollen un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, sobre todo por la garantía de éxito que supone el iniciar una actividad por cuenta propia contando con unos recursos mínimos de subsistencia".
Por último, durante la asamblea se llegó a la conclusión de que "se demanda un cambio en la política de financiación de micropymes y autónomos que garantice el acceso a los recursos financieros y el pago de las deudas por la Administración e Instituciones Públicas".
