SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones de comerciantes ambulantes, integradas en la Confederación de Empresas pequeñas y autónomos (Cempe) en Andalucía anunciaron hoy una "gran" concentración el 25 de febrero, ante las puertas del Parlamento de Andalucía, en contra de la transposición de la Directiva Europea de Servicios Bolkestein.

En un comunicado, Cempe-A informó de que las asambleas previas a la concentración del 25 de febrero comenzaron esta semana, con las asambleas celebradas el lunes en Lebrija (Sevilla) y ayer martes en el Puerto de Santa María (Cádiz). Y continuarán con la que tendrá lugar esta tarde en Sevilla capital y en las próximas semanas en el resto de provincias.

Cempe-A apuntó que espera que el 25 de febrero sea un día "sin mercadillos" y en el que se trasladen hasta Sevilla "varios miles" de comerciantes ambulantes de Andalucía para entregar a los grupos parlamentarios un documento con sus principales reivindicaciones, que pasan por excluir el comercio ambulante del ámbito de aplicación de la Directiva y por garantizar la continuidad en los puestos de los comerciantes que ya están ejerciendo su profesión.

En este sentido, Cempe-A advirtió de que con el Decreto 3/2009, de la Consejería de la Presidencia, que modifica varias normas andaluzas para adaptarlas a la Directiva de Servicios, entre ellas la Ley 9/1988 de comercio ambulante de Andalucía, se limita "la duración de las licencias por un periodo de uno a cuatro años, prohibiendo expresamente la Directiva que para la renovación se tenga en cuenta la antigüedad de quienes ya están establecidos en los mercadillos.

Esto, según explicó, obligaría a "todos los comerciantes a ir a un concurso en igualdad de condiciones en cada proceso de renovación, sin tener garantías de continuar con el puesto".

Las principales organizaciones integradas en Cempe-A consideraron que esta regulación supone "un ataque frontal" al comercio ambulante, y significa "un claro retroceso" en la profesionalización por la que "tantos años llevan luchando, exigida por la Administración en la década de los 80".

En este sentido, el presidente de Cempe-A, Fernando Martín Luque, mostró hoy su total apoyo a las reivindicaciones, porque "no se puede eliminar de un plumazo a un sector que en Andalucía mueve a más de 35.000 familias, autónomos que verán alteradas las rutas de venta que han consolidado tras años de ejercicio profesional".

"Si no se buscan garantías jurídicas para que continúen con sus puestos, los vendedores corren el serio riesgo de perder algunos de los mercados en los que venden cada semana, con lo que indudablemente engrosarán las listas de los miles de autónomos que se han dado de baja sin protección social alguna", apostilló.