SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), Joaquín Aurioles, consideró que el recorte de empresas públicas debe "ampliarse" y no se debe ceñir sólo a la Junta sino también a "todo el entramado público empresarial", esto es, al ámbito local y también a entes como las fundaciones, considerada "una deformación de la intervención pública en la solidaridad de la sociedad civil".
En declaraciones a Europa Press, Aurioles, que precisó que este asunto será abordado esta semana por el OEA, reconoció que el proceso de reestructuración de empresas públicas es "algo complicado y delicado", de forma que "no es algo que le vaya resultar fácil, al tener costes, tanto económicos como de otro tipo; será un esfuerzo duro y costoso".
No obstante, consideró que la Junta "no tiene alternativa y debe abordar esta reestructuración, pero no sólo para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado a nivel comunitario para rebajar la deuda y el déficit, sino para mantener la sostenibilidad del modelo del bienestar".
Por ello, consideró "conveniente" revisar el conjunto de entramado de empresas públicas, instituciones y consejos "que se han desarrollado en los últimos tiempos en torno a los presupuestos de la Junta".
En ese sentido, apuntó la necesidad de "revisar cuáles de esas instituciones no funcionan, ver si son muy caras y aplicar criterios de eficiencia, estos es, trabajo óptimo a coste mínimo".
Consideró por ello, que las empresas públicas que "se justifican" son aquellas que "produzcan bienes y servicios, pero no bienes de difusión gratuita, como la sanidad o la educación, que no deben ser gestionados por empresas públicas, salvo algunos programas específicos de inversión, que tengan un carácter más inversor".
"Hay que hacer bastante más y no sólo reducir consejerías o reducir alguna empresa pública, sino aplicar un enfoque más amplio, de forma que se debería incluir el conjunto de red de instituciones en torno a la Junta, todo el sector público regional, pero también todo el entramado local, donde incluso hay más excesos que en el ámbito regional", aseveró.
En ese sentido, consideró que entes como las fundaciones públicas deben también entrar en esta reestructuración, toda vez que "son una deformación de la intervención pública en la solidaridad y propios de una economía intervencionista como la nuestra".
Precisó que las fundaciones "originariamente eran instituciones que se concebían para vehiculizar, manifestar y canalizar las inquietudes solidarias privadas, no públicas, pero ese concepto ha degenerado en el actual".
Aurioles mantuvo su teoría de que la estructura de la Junta "sea una combinación proporcional de órganos de carácter político y de órganos de gestión", toda vez que actualmente "la proporción está sesgada hacia lo político y existe demasiada carga política en la estructura de la Junta".
Consideró que ciertas funciones "deben estar más residenciadas en direcciones generales, algo que ayudaría a hacer el funcionamiento más flexible".
"Hay que identificar cuáles son las áreas políticas que exigen que al frente de las cuales haya una figura de fuerte peso político, y que pueden ser seis, siete u ocho grandes departamentos o consejerías, pero el resto de funciones las deben cumplir personas que conozcan la materia, más centradas en la gestión y en elementos profesionales".
Precisó asimismo que la mayoría de empresas públicas "se han creado para programas de inversión para conseguir beneficiarse de la mayor diligencia que aporta el derecho privado, frente al derecho administrativo, pues permite hacer las mismas cosas con un marco jurídico diferente". Agregó que "en el momento en que se crean empresas públicas para gestionar ciertas políticas, éstas dejan de tener sentido, pues la estructura se mantiene pero no puede ejercer su función".
Por ello, consideró que "el margen de corrección del sistema puede ser muy amplio, aunque complicado, y las empresas publicas de una misma consejería que desarrollan su actividad en ámbitos similares podrían concentrarse".
