MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han elaborado un paquete de medidas para reducir el fraude fiscal, ajustar el déficit y reactivar la economía, a través del cual la Agencia Tributaria podría aumentar en un 33 por ciento su recaudación anual, lo que equivaldría a unos 53.900 millones de euros adicionales, de los que un total de 6.643 millones de euros procederían de Andalucía.

Así lo ha apuntado este miércoles el presidente del colectivo, Carlos Cruzado, al inicio del XI Congreso Nacional que se celebra en Palma de Mallorca, que ha instado a las grandes fuerzas políticas y sociales a que promuevan un gran pacto fiscal que permita reactivar la economía y aumentar sustancialmente la recaudación para reducir el déficit nacional hasta el entorno del 1 por ciento del PIB.

A su juicio, la necesidad de emprender este acuerdo queda patente ante las carencias del actual sistema tributario, "lastrado por una preocupante caída" de la recaudación en los últimos años, un constante debilitamiento de la progresividad en los impuestos directos --especialmente en el IRPF e impuesto de sociedades-- y un desequilibrio cada vez más acusado entre la tributación de las rentas del trabajo y las procedentes del capital.

La piedra angular del plan propuesto por los técnicos de Hacienda pasa por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas --aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros-- que eleve del 30 por ciento al 35 por ciento el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.

Gracias a esta única medida, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales -incluyendo 1.155 millones de euros en Andalucía- y se reduciría la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.

Junto a la modificación del Impuesto de Sociedades, Gestha propone replantear el IRPF para eliminar las normas contrarias a la progresividad, entre las que piden excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro. Además, si se elevara el tipo de este último gravamen hasta el 24 por ciento se obtendrían casi 1.380 millones de euros anuales adicionales para las arcas públicas, de los que 227 millones de euros procederían de Andalucía.

Paralelamente, el colectivo solicita la restricción del uso del sistema de módulos, instaurando la estimación directa como norma general, salvo para aquellos empresarios que destinen sus bienes y servicios al consumidor final, que deberían poder escoger al término de su ejercicio fiscal el régimen que mejor se adaptase al ritmo de su actividad.

Otro de los pilares de este plan sería la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicios.

El rendimiento que se extrae del Impuesto de Valor Añadido (IVA) es otro de los aspectos que se deben mejorar para reactivar la economía, aunque en ningún caso mediante incrementos impositivos, pues a juicio de Gestha ello derivaría en una contracción del consumo que no sólo atenuaría su poder recaudatorio, sino que afectaría con mayor intensidad a las personas con bajos ingresos y al 85 por ciento de los ciudadanos que ganan menos de 30.000 euros anuales.

PYMES Y AUTÓNOMOS

Con respecto a las pymes y autónomos, los técnicos proponen situar el devengo del IVA en el momento del cobro parcial o total de la factura, evitando así que autónomos y pequeños empresarios se vean obligados a adelantar a la Hacienda Pública el IVA de facturas que aún no han cobrado, y que incluso es probable que no lleguen a cobrar nunca, mientras que otras empresas se deducen un IVA que no han pagado y que puede que no paguen nunca.

Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, "a pesar de que esta medida no tenga un impacto recaudatorio directo, su puesta en marcha mejoraría sin duda la equidad del sistema tributario y evitaría que muchos contribuyentes tomasen la decisión de defraudar".

A su vez, estas medidas se integrarían en un 'programa marco' enfocado a reducir la economía sumergida de nuestro país en diez puntos, hasta situarla al nivel de nuestros vecinos europeos, lo que se traduciría en unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros anuales, de los que 5.261 millones de euros corresponderían a esta comunidad.

Dentro de las propuestas concretas para atajar el fraude, los Técnicos de Hacienda creen que la limitación en el uso del dinero en efectivo supondría una reducción sustancial de la evasión fiscal, por lo que plantean a los partidos políticos que las facturas de más de 1.000 euros pagadas total o parcialmente en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador no sean deducibles en el IRPF, el Impuesto de Sociedades e IVA.

Igualmente, sería necesario posibilitar la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operen en los territorios calificados como paraísos fiscales, eliminando prácticas abusivas para reducir la factura internacional de las grandes corporaciones trasnacionales.

Asimismo, en el ámbito nacional se hace necesario elaborar estudios oficiales detallados sobre la economía sumergida -tanto fiscal como laboral- y optimizar los recursos de la Agencia Estatal Tributaria y demás departamentos del Ministerio de Hacienda, atribuyendo mayores competencias y responsabilidades a los 8.000 Técnicos en la lucha contra el fraude y el control del gasto público.

Para reducir la especulación en los mercados financieros se incluye también el apoyo a la propuesta de la Comisión europea de establecer un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE, además de equiparar los tipos nominales aplicables a los Fondos y sociedades de inversión a los de las empresas industriales o de servicios.

CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

Entre las medidas del control del gasto público, los técnicos proponen potenciar la realización de auditorías operativas para comprobar si se está dando una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, con la consiguiente repercusión de sus resultados en las sucesivas asignaciones presupuestarias.

A su juicio, otra necesidad urgente es la de lograr una coordinación efectiva entre los distintos órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, con una mayor publicidad de la actividad desarrollada por los mismos y habilitando herramientas que contribuyan a clarificar la información de las cuentas públicas.