SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos andaluces han presentado hasta el momento 1.260 proyectos para ser financiados a través del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) por una cuantía de 81,9 millones de euros, lo que supone el 45,3 por ciento del total, que se destinará a la generación de empleo y a la posterior formación de las personas contratadas, según ha explicado este viernes el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro.

En rueda de prensa, Pizarro, que ha estado acompañado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, el secretario general de CCOO, Francisco Carbonero y el vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT en Andalucía, Dionisio Valverde, ha señalado que, con un presupuesto total de 225 millones --181 gestionados los Ayuntamientos y 24 por las diputaciones provinciales-- los consistorios tenían de plazo hasta el 1 de julio para presentar la solicitud para participar en el programa y, al menos, un proyecto, algo que han hecho todos los gobiernos municipales excepto el de Orcera, en la provincia de Jaén, que no ha presentado iniciativa alguna.

El consejero, que ha presidido la constitución de la Comisión Autonómica de Participación de esta segunda edición del Proteja, en la que están integrados la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y las principales organizaciones sindicales de la comunidad autónoma como CCOO y UGT, además de representantes de las consejerías de Gobernación y Justicia, Hacienda y Administración Pública, Economía, Innovación y Ciencia y de Empleo.

Pizarro animó a los responsables municipales a continuar a este ritmo, agilizando la tramitación con el fin de sacar a concurso obras y servicios lo antes posible y contribuyendo así a generar empleo, al tiempo que activan las economías locales y se realizan actuaciones de utilidad para los ciudadanos.

Además, recordó que el Proteja de 2009 "consiguió superar los objetivos de empleo que nos habíamos propuesto, ya que de 14.000 puestos previstos se llegaron a más de 18.000" y apuntó que los 2.058 proyectos que se ejecutan con cargo al plan --adjudicados a más de 1.200 empresas, de las que más del 70 por ciento son andaluzas-- han demostrado tener una "clara utilidad social", con iniciativas como la construcción de guarderías, centros de salud o sedes de las policías locales, además de numerosas mejoras en infraestructuras urbanas, fundamentalmente calles.

Aunque no supo precisar las previsiones de empleo, ya que aún están a la espera de tener cuantificados y evaluados los proyectos y ver el número que conlleva cada uno, destacó que habían hecho una aproximación "de 12.000 empleos" y resaltó que el presupuesto de las diputaciones "se va a incrementar y se va a convertir en un programa de empleo, ya que de los 24 millones de va a pasar a 44.272.000, gracias a su esfuerzo económico".

Por su parte, el presidente de la CEA ha apuntado que han "intentado corregir algunas circunstancias" en el decreto, "esencialmente la agilización de fases de licitación y adjudicación y la escrupulosidad en los pagos a los empresarios y toda la cadena". Además, ha mostrado su interés en que los proyectos "tengan una mayor capacidad e impacto económico y social en los municipios mediante el mantenimiento del empleo creado en el futuro" y destacó que "el uno por ciento de los proyectos presentados corresponden a prestación de servicios sociales".

Desde UGT valoraron como "bueno" el decreto, así como su objetivo de "creación y el mantenimiento de empleo y atajar problemas de precariedad social" y destacaron que de los 225 millones del Proteja, "201 van a ir destinados a proyectos, sobre todo de obra civil" y que, a pesar de ser "cuantitativamente inferior al anterior, va a generar más empleo".

Por su parte, el secretario general de CCOO destacó que "el 70 por ciento de las personas se contratarán a través de los servicios públicos de empleo" y valoró que "por primera vez haya una comisión de seguimiento en los ámbitos provinciales para que el fin que tienen los proyectos se cumplan".

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

Por lo que respecta a la distribución de las iniciativas por provincias y su peso sobre los fondos asignados, Jaén ha presentado 163 proyectos, un 80,49 por ciento de su presupuesto; mientras Almería ha registrado 175, un 79,22 por ciento de sus fondos, y Granada 269, un 75,45 por ciento. Le siguen Huelva con 126 y un 55 por ciento de la partida asignada, Sevilla, con 181 y un 44 por ciento, y Córdoba, con 138 proyectos, lo que representa un 41,32 por ciento del presupuesto provincial. En Málaga los consistorios han planteado 142 iniciativas (24,73%) y en Cádiz 66 (21,54%).

Las iniciativas municipales se han centrado principalmente en las obras, con un 98,3 por ciento de los proyectos, mientras que los servicios suponen un 1,7 por ciento. Los ayuntamientos han centrado sus actuaciones fundamentalmente en la construcción, mejora o rehabilitación de infraestructuras municipales y de edificios e instalaciones de titularidad pública destinados preferentemente a servicios sanitarios, educativos, culturales y sociales.

Además, todos los ayuntamientos andaluces habían iniciado antes del 1 de julio todas las actuaciones correspondientes al Proteja 2009, por lo que no ha sido necesario aplicar la cláusula del decreto-Ley, donde se preveía penalizar a los consistorios incumplidores y restarles fondos del nuevo Plan. Todos los municipios, por tanto, podrán obtener las cantidades que se les habían asignado inicialmente.

A partir de la semana que viene las delegaciones del Gobierno y Justicia de la Junta se encargarán de validar los proyectos, y los consistorios contarán entonces con un periodo de un mes para poner en marcha el proceso de licitación de los mismos.

En cuanto al resto de los proyectos aún pendientes de presentar, los gobiernos municipales tienen de plazo hasta el próximo 15 de agosto para enviarlos -toda la tramitación se realiza de forma telemática a través de la página web de la Consejería de Gobernación y Justicia-- y agotar el presupuesto que tiene asignado cada uno. De lo contrario, dichos fondos pasarían a ser gestionados por las instituciones provinciales.

Con este proceso y plazos se pretende que todas las obras estén ejecutándose antes de fin de año. Para su desarrollo, el Decreto-ley establece un plazo máximo de ejecución de 12 meses, prorrogables por otros tres en aquellos en los que se acredite una mayor complejidad.